Venezuela cumplió esta semana siete días desde el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió Yaracuy y devastó zonas de La Guaira, Caracas y Carabobo. El balance oficial habla de cerca de 2.000 muertos, más de 11.000 heridos y decenas de miles de desaparecidos, aunque la ONU y organizaciones humanitarias ya advierten que la cifra real probablemente sea mayor. Equipos de rescate de más de 30 países siguen trabajando entre los escombros, aunque especialistas de Naciones Unidas reconocen que, pasada una semana, los hallazgos con vida ya se consideran “rescates milagrosos”.

La cobertura de estos días se ha concentrado, comprensiblemente, en el drama humano de cada rescate: la mujer sacada con vida después de 86 horas, el padre y su hijo rescatados tras más de cuatro días atrapados. Son historias que importan. Pero el terremoto en Venezuela va a seguir siendo noticia mucho después de que termine la fase de búsqueda, y ahí es donde está la parte de la historia que menos se está contando: qué significa reconstruir un país que ya arrastraba, antes del sismo, una de las crisis económicas y de infraestructura más profundas del continente.

Unicef calcula que 1,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, 680.000 de ellas niños. El Sistema de Información Geográfica de Esri Venezuela estima que cerca de 595.000 personas resultaron afectadas de manera directa. Son números que, en cualquier país con capacidad institucional sólida, ya representarían un desafío mayúsculo. En Venezuela, se suman a hospitales que ya operaban con escasez crónica de insumos, a un sistema eléctrico y de agua potable que arrastraba fallas recurrentes desde hace años, y a una economía que dependía en gran medida de las remesas de millones de venezolanos que ya viven fuera del país.

Esa última pieza es clave para entender por qué esta tragedia importa tanto para la diáspora venezolana en Estados Unidos: buena parte de la ayuda inmediata a las familias afectadas no está llegando solo por vía de gobiernos o de la ONU, sino a través de remesas de emergencia, colectas comunitarias y organizaciones venezolanas en el exterior que se movilizaron desde el primer día. La reconstrucción de miles de viviendas, la mayoría de ellas informales y ya vulnerables antes del sismo, va a depender en gran medida de esa red.

También hay una dimensión de gobernanza que va a pesar en el mediano plazo: han surgido denuncias sobre restricciones impuestas a equipos internacionales de rescate, obstáculos burocráticos para el ingreso de ayuda y militarización de zonas afectadas, además de reportes de saqueos en las primeras horas tras el sismo. Cómo se gestione la fase de reconstrucción —con transparencia o sin ella, con acceso pleno para organismos internacionales o con restricciones— determinará no solo cuánta ayuda logra llegar a quienes la necesitan, sino también cuánta confianza logra generar Venezuela de cara a la comunidad internacional en un momento de máxima necesidad. Esa es la historia que apenas empieza, mucho después de que se apaguen los reflectores de los rescates.