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España cerró su proceso extraordinario de regularización migratoria el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes recibidas entre el 16 de abril y esa fecha, según cifras oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los colombianos lideraron el listado con 25,9% de los expedientes —unas 304.000 solicitudes—, seguidos de marroquíes con 13,3% y venezolanos con 11,8%, lo que coloca a la comunidad venezolana como la cuarta nacionalidad más numerosa dentro de este proceso histórico, apenas por delante de peruanos y hondureños. Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y del Sur.

Para calificar, los aspirantes debían demostrar presencia en España antes del 1 de enero de 2026, permanecer en el país al momento de presentar el trámite, acreditar al menos cinco meses continuos de residencia, y carecer de antecedentes penales tanto en España como en los países donde hubieran residido durante los cinco años previos. A cambio, desde el momento en que se inicia el procedimiento, los solicitantes quedan habilitados provisionalmente para residir y trabajar —por cuenta propia o ajena— mientras se evalúa su expediente, sin tener que esperar a una resolución final para incorporarse legalmente al mercado laboral.

El impacto en el empleo ya es medible: 159.097 trabajadores regularizados se afiliaron a la Seguridad Social desde finales de abril, la mayoría con contrato indefinido, concentrados en hostelería, comercio, actividades administrativas y construcción. El propio presidente del gobierno español defendió la medida esta semana con una cifra contundente: sin la llegada de nuevos migrantes, España perdería 19% de su PIB para 2050 y 22% para 2075, lo que equivaldría, en sus palabras, a “90.000 bares con la persiana bajada”. Es un argumento demográfico y económico, no solo humanitario: España enfrenta una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, y depende cada vez más de la migración para sostener su fuerza laboral y su sistema de pensiones.

No todos coinciden con esa lectura. Desde el principal partido de oposición, el Partido Popular, cuestionan si el país tiene realmente la capacidad de absorber a los cientos de miles de nuevos residentes regularizados, y acusan al Ejecutivo de alimentar la migración irregular al ofrecer, en la práctica, una vía de regularización masiva. El gobierno rechaza esa acusación de plano, insistiendo en que el proceso cuenta con todas las garantías legales y que los propios migrantes contribuirán al crecimiento económico y al estado de bienestar. Esa tensión política —entre quienes ven la regularización como necesidad demográfica y quienes la ven como incentivo perverso— no es exclusiva de España: es, casi punto por punto, el mismo debate que atraviesa Estados Unidos en torno a su propia política migratoria, aunque con resultados prácticos opuestos.

Para la diáspora venezolana que evalúa alternativas migratorias en un momento de máxima incertidumbre sobre el TPS en Estados Unidos, este dato español importa como referencia concreta: casi 140.000 venezolanos acaban de obtener, o están en proceso de obtener, una vía legal de residencia y trabajo en un país que además comparte idioma y tiene vínculos históricos y culturales profundos con Venezuela. No es una alternativa automática ni sencilla —implica reubicarse en otro continente, con su propio proceso de adaptación—, pero para quienes ya cuentan con vínculos familiares o profesionales en España, o simplemente evalúan todas las puertas abiertas mientras la situación en Estados Unidos permanece incierta, el resultado de este proceso extraordinario confirma que España se ha convertido, en la práctica, en uno de los destinos que más venezolanos están explorando como plan alternativo.