[[REEMPLAZAR-IMAGEN: foto genérica de un tribunal federal de EE.UU. o del Palacio de Justicia de Nueva York — buscar imagen libre de derechos]]

Cinco ciudadanos venezolanos presentaron una demanda civil contra Nicolás Maduro ante un tribunal de Nueva York, acusándolo de responsabilidad en presuntas ejecuciones extrajudiciales de familiares suyos ocurridas entre 2017 y 2021. La demanda llega en un momento particular: Maduro se encuentra bajo custodia de Estados Unidos desde enero, tras la operación que puso fin a su gobierno, lo que por primera vez en años lo coloca dentro del alcance práctico del sistema judicial estadounidense, no solo del discurso político.

Lo más relevante de este caso no es únicamente la gravedad de las acusaciones —ejecuciones extrajudiciales documentadas por organizaciones de derechos humanos durante años sin que existiera, hasta ahora, una vía judicial real para buscar justicia— sino la elección misma del tribunal. Presentar una demanda civil en Estados Unidos, en lugar de esperar un juicio penal en Venezuela que durante años fue imposible por el propio control que Maduro ejercía sobre las instituciones judiciales del país, es una estrategia legal que empieza a ganar terreno entre familias de víctimas de violencia estatal en América Latina: usar sistemas judiciales extranjeros, con mecanismos como leyes de responsabilidad civil por violaciones a los derechos humanos, cuando la justicia doméstica resulta inaccesible o está capturada por el propio señalado.

Ese tipo de demandas no son una novedad completa: se han usado en el pasado contra otros exmandatarios y funcionarios acusados de violaciones graves a los derechos humanos en distintos países de la región. Pero en el caso de Maduro, la diferencia de fondo es que ahora se encuentra físicamente bajo custodia estadounidense, lo que en teoría facilita algo que rara vez ocurre en estos procesos: la posibilidad real de que el acusado deba responder ante el tribunal, en lugar de que el caso avance de manera puramente simbólica contra alguien fuera del alcance de cualquier corte.

Para las familias de víctimas de violencia estatal en Venezuela —una cifra que organizaciones de derechos humanos han documentado por miles a lo largo de más de una década— este caso importa como precedente, más allá de su resultado específico. Si prospera, podría abrir la puerta a que más víctimas o sus familiares busquen esta misma vía legal en Estados Unidos u otros países, en un contexto donde la reconstrucción del sistema judicial venezolano tras la salida de Maduro sigue siendo incierta y donde la desconfianza hacia las instituciones locales, tras años de control político sobre el Poder Judicial, sigue siendo profunda.

También hay una dimensión más amplia que conecta este caso con el momento que atraviesa Venezuela: mientras el país concentra su atención y sus recursos en la respuesta al reciente terremoto, casos como este recuerdan que la demanda de justicia por los años de represión previa no ha desaparecido, y que buena parte de esa demanda se está canalizando fuera de las fronteras venezolanas, en tribunales de otros países, porque ahí es donde las familias sienten que existe, por primera vez en mucho tiempo, una posibilidad real de ser escuchadas.