La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró esta semana que su gobierno avanza en las gestiones diplomáticas y técnicas para lograr el reingreso de Venezuela al sistema financiero internacional, sin ofrecer una fecha concreta ni detalles sobre qué instituciones o mecanismos específicos están en negociación. La declaración llega apenas tres días después de que el sistema bancario venezolano recibiera, el 3 de julio, su primer cargamento formal de dólares en efectivo procedentes de Estados Unidos en varios años, autorizado bajo la Licencia General N.º 57 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Washington.

Es importante separar la declaración política de lo que realmente cambió hasta ahora en la vida cotidiana de una familia venezolana. La Licencia 57 reabrió operaciones con el Banco Central de Venezuela y con tres bancos públicos —el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores— pero el acceso al efectivo en taquilla sigue restringido, en esta fase, principalmente a clientes jurídicos y corporativos. La asignación total de divisas para julio ronda los 1,800 millones de dólares, según el economista Asdrúbal Oliveros, una cifra similar a la de junio, sin que se haya confirmado todavía cuándo la banca privada podría empezar a vender efectivo directamente a personas naturales.

Esa distancia entre el anuncio político y el acceso real explica por qué, siete meses después de la caída de Nicolás Maduro, el USDT —la stablecoin de Tether indexada al dólar— sigue siendo, en la práctica, la moneda de referencia real para la mayoría de los venezolanos, muy por encima del bolívar oficial. La brecha actual entre el tipo de cambio oficial del Banco Central, en torno a 675 bolívares por dólar, y la cotización del USDT en los mercados P2P, cercana a 760, sigue rondando el 13% —el mismo termómetro que ha marcado la economía informal venezolana durante meses, sin que los anuncios de reconexión financiera hayan logrado cerrarlo todavía.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana en Estados Unidos: cada anuncio de este tipo genera, comprensiblemente, expectativa sobre si por fin va a ser más fácil y más barato enviar dinero a la familia a través de canales bancarios formales. La declaración de Rodríguez es, en el mejor de los casos, una señal de intención política —el reingreso formal al sistema financiero internacional depende de negociaciones con instituciones multilaterales y con el propio gobierno estadounidense que no se resuelven con un anuncio, sino con meses o años de gestiones técnicas. Hasta que eso ocurra, la recomendación práctica para quien envía remesas sigue siendo la misma que hace un mes: el canal más rápido y predecible sigue siendo el digital, no el bancario tradicional.