La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció esta semana su primera entrevista extensa a un medio internacional desde que asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, y usó buena parte de ese espacio para fijar una posición clara sobre la posibilidad de un diálogo político con la oposición: solo se sentará con María Corina Machado y lo que ella llamó “los extremistas” después de que se levante, de forma total, cada sanción internacional que ese sector pidió contra el país. “Yo miro ese proceso cuando cada sanción que pidió ese sector y el extremismo ya no exista para Venezuela, ahí me podré sentar tranquila a un proceso de diálogo político”, declaró Rodríguez al periodista español Javier Negre, en una entrevista transmitida el 16 de julio por la cadena Real America’s Voice.

Rodríguez fue más allá de simplemente poner una condición: responsabilizó directamente a Machado por el daño económico que, según su versión, causaron las sanciones que la líder opositora respaldó durante años como estrategia de presión contra el chavismo. “Ha debido ver más allá de sí misma, ha debido ver al país. Ha debido escuchar a los trabajadores de Venezuela que fueron afectados por las sanciones”, dijo la mandataria encargada, y cuestionó que alguien pueda pedir “hacerle daño a un pueblo” como “costo colateral” de una aspiración presidencial. También puso en duda la legitimidad de las actas electorales que el equipo de Machado divulgó tras las elecciones presidenciales, alegando que existieron intentos de alterarlas.

Es importante leer esta declaración con el contexto político correcto: no es un rechazo categórico al diálogo, es una condición diseñada para trasladar la responsabilidad de cualquier acercamiento futuro al bando contrario. Al plantear el levantamiento total de sanciones como requisito previo —y no como parte de una negociación— Rodríguez deja la pelota del lado de Washington y de Machado, en un momento en que la propia Casa Blanca ya autorizó, a través de licencias específicas de OFAC, la reapertura parcial de operaciones financieras con Venezuela, incluyendo el primer cargamento de dólares físicos en años que reportamos la semana pasada. Esa reapertura parcial, sin embargo, está lejos del “cada sanción” que Rodríguez exige como condición.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana en Estados Unidos: la declaración confirma que, siete meses después de la caída de Maduro, la reconciliación política interna en Venezuela sigue estancada en el mismo punto muerto de siempre —cada bando espera que el otro dé el primer paso—, mientras la reconstrucción económica del país avanza en paralelo, pero de forma desconectada de ese proceso político. Para las familias que esperan que un eventual diálogo destrabe temas como la liberación de presos políticos o una hoja de ruta electoral clara, la posición de Rodríguez sugiere que ese proceso no depende tanto de la buena voluntad de las partes como de negociaciones diplomáticas de mucho mayor alcance entre Caracas y Washington, cuyo ritmo ninguna de las dos partes controla del todo.