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Las juezas de la Corte Suprema Elena Kagan y Amy Coney Barrett comparecen hoy ante un panel de asignaciones presupuestarias de la Cámara de Representantes, la primera vez que integrantes del máximo tribunal testifican ante el Congreso desde 2019. La solicitud que llevan a la audiencia es contundente: 228 millones de dólares para el próximo año fiscal, un aumento de casi 10% respecto al presupuesto anterior, con cerca de 15 millones destinados específicamente a ampliar la protección personal de los jueces, sumando seis agentes adicionales para cada uno de ellos.

Que dos juezas —una nombrada por un presidente demócrata, otra por uno republicano— comparezcan juntas para pedir más seguridad, en lugar de dejar que el tema se resuelva por canales administrativos habituales, es en sí mismo una señal de la magnitud del problema que están describiendo. Jueces de todo el país han reportado un aumento sostenido de amenazas de violencia e intimidación en los últimos años, un fenómeno que tocó directamente a la propia Barrett en mayo, cuando alguien realizó una llamada falsa de “swatting” —reportar un crimen inexistente para provocar el despliegue de un operativo policial armado— dirigida a su domicilio.

La solicitud presupuestaria no se limita a la protección personal de los nueve jueces: incluye también cerca de 2 millones de dólares para crear un puesto de seguridad residencial externo, diseñado para acelerar los tiempos de respuesta ante una emergencia, además de fondos para ampliar el número de agentes de la policía de la Corte Suprema en general. Es una reestructuración de seguridad pensada no solo para reaccionar ante incidentes puntuales, sino para sostener una presencia de protección permanente y más robusta que la que existía hasta ahora.

El momento en que ocurre esta audiencia tampoco es casual: llega apenas dos semanas después de que la Corte, de mayoría conservadora, cerrara un período histórico de decisiones que incluyó un fallo que amplió el poder de Trump sobre agencias reguladoras federales, y otro que rechazó los aranceles de amplio alcance impuestos por el propio presidente, generando duras críticas personales de su parte hacia el tribunal. Que el aumento de amenazas hacia los jueces coincida con un período de fallos que han generado fricción directa con la Casa Blanca no prueba, por sí solo, una relación causal, pero sí ilustra el clima de polarización en el que la Corte tiene que operar hoy, incluso cuando falla en contra de la administración que la nombró en su mayoría.

Para cualquier ciudadano, sin importar su posición sobre las decisiones específicas de la Corte, esta audiencia importa como recordatorio de algo que rara vez se discute en público: la independencia judicial no depende únicamente de la letra de la Constitución, sino también de que los propios jueces puedan ejercer su función sin temor a represalias físicas contra ellos o sus familias. Un sistema donde los jueces necesitan pedir explícitamente al Congreso más protección personal para poder seguir haciendo su trabajo es, en sí mismo, una señal de alerta sobre el estado de la convivencia democrática, independientemente de qué lado del espectro político se ocupe en cada fallo particular.