[[REEMPLAZAR-IMAGEN: diseño propio — fuente original: memorial improvisado en la calle para Johan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine, crédito Shannon Stapleton/Reuters]]

David Brouillette, el agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a tiros al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, en Biddeford, Maine, esta semana, es un veterano del Ejército que ha padecido problemas de salud mental severos desde la infancia y nunca debió haber recibido una placa y un arma para patrullar las calles del país, según relataron varios de sus familiares cercanos a la agencia The Associated Press. Su exesposa, Ashley Brouillette, lo identificó como el responsable después de que él mismo se lo confirmara en una llamada telefónica, y aseguró que él tiene un largo historial de episodios psiquiátricos y de violencia física contra mujeres en su vida, incluido un mensaje de voz del invierno pasado en el que sugería que alguien debería “degollar” a una de ellas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha revelado oficialmente el nombre del agente y sostiene que el vehículo de Durán Guerrero “intentó huir de la escena” y que, temiendo por la seguridad pública, el oficial disparó su arma. Un portavoz de ICE le dijo a Newsweek que el agente en cuestión tiene “casi una década de experiencia en cumplimiento de la ley federal con el entrenamiento requerido”, pero no ha confirmado ni desmentido su identidad, citando la política de la agencia de no confirmar nunca la identidad de sus oficiales por razones de seguridad. Legisladores demócratas exigieron respuestas sobre la contratación de Brouillette, señalando que su historial y la muerte en Maine “cuestionan directamente el supuesto proceso de revisión y entrenamiento que ICE aplica a sus reclutas”.

El caso llega en un contexto específico: en enero, el DHS informó que había contratado a 12,000 nuevos oficiales y agentes desde que comenzó su ofensiva de reclutamiento acelerado, con miles de ellos ya patrullando las calles como parte de la intensificación de las detenciones y deportaciones bajo la administración Trump. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó esa expansión como una decisión que priorizó el crecimiento por encima de la seguridad pública: “La administración Trump lanzó apresuradamente a 12,000 agentes a nuestras calles sin asegurarse de que estuvieran en condiciones de portar una placa y un arma”, declaró. El caso de Maine ocurrió apenas días después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano de Houston asesinado por error de identidad el 7 de julio, que ya reportamos esta semana.

Por qué esto importa más allá de un caso individual: según el conteo de Al Jazeera, al menos 10 personas han muerto en encuentros con agentes de inmigración desde que comenzó esta ofensiva bajo la administración Trump, y el patrón que empieza a repetirse —contratación acelerada, versiones oficiales iniciales que después se contradicen con evidencia, negativa a identificar a los agentes involucrados— es exactamente lo que activistas y legisladores llevan meses señalando como el costo de expandir una agencia federal a un ritmo que, según sus propios críticos, superó la capacidad de verificar a quién se le está entregando un arma de fuego y autoridad para detener personas en las calles.