[[REEMPLAZAR-IMAGEN: foto genérica de tropas de la Guardia Nacional en una ciudad estadounidense — buscar imagen libre de derechos]]

Charles Q. Brown, el general retirado de la Fuerza Aérea que fue destituido como jefe del Estado Mayor Conjunto por el secretario de Defensa Pete Hegseth en febrero de 2025, publicó un artículo de opinión en la revista Foreign Affairs advirtiendo sobre los riesgos de usar a las fuerzas armadas para misiones políticamente controvertidas, en referencia directa al despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de infantes de marina que la administración Trump ordenó en ciudades como Washington D.C. y Los Ángeles para combatir la delincuencia urbana.

El argumento central de Brown, escrito junto a un profesor de ciencias políticas de Duke y un abogado de Carolina del Norte, es preciso y va más allá de la coyuntura: “cuando los presidentes utilizan las fuerzas armadas para misiones políticamente más controvertidas, la labor militar se vuelve más compleja”, y advierten que “no es función de las fuerzas armadas salvar a la república de los estancamientos políticos”, porque exigirles ese rol “pone en riesgo todo el sistema”. Es una advertencia técnica sobre los límites institucionales del poder militar, no un ataque partidista.

Lo que hace que esta intervención merezca atención es, precisamente, el momento en que llega: no mientras Brown ocupaba el cargo de mayor responsabilidad militar del país, sino después de haber sido destituido de él. Esa secuencia —silencio institucional mientras se está dentro del sistema, crítica pública una vez fuera— es un patrón que se repite con frecuencia entre altos mandos militares retirados en Estados Unidos, y que genera un dilema real sobre la independencia de las fuerzas armadas frente al poder político: si las voces más informadas sobre los riesgos de politizar al ejército solo pueden expresarse con libertad después de dejar el cargo, la capacidad de esas mismas instituciones para autocorregirse desde adentro queda, en la práctica, limitada.

La destitución de Brown, junto con la de la almirante Lisa Franchetti —primera mujer en integrar el Estado Mayor Conjunto—, ocurrió en el marco de una purga más amplia de altos mandos vinculada a la prohibición de iniciativas de diversidad e inclusión dentro de las fuerzas armadas. Brown mismo ha expresado en otros foros públicos, como el Festival de Ideas de Aspen, su preocupación por despidos de personal del Pentágono que, en sus palabras, “no tienen que ver con el mérito”, cuestionando si quienes permanecen en servicio tendrán “una oportunidad justa” de progresar profesionalmente.

Para cualquier ciudadano, sin importar su posición política, este tipo de debate importa porque toca uno de los pilares más delicados del sistema democrático estadounidense: el control civil sobre las fuerzas armadas y la neutralidad política de una institución que, por diseño, no debería involucrarse en disputas partidistas internas. Que un exjefe militar de tan alto rango sienta la necesidad de escribir públicamente sobre este riesgo, incluso sin nombrar directamente al presidente, es una señal de que la preocupación existe dentro de los círculos militares más experimentados del país, incluso si esas voces solo logran expresarse con plena libertad una vez fuera del cargo.