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El gobernador Ron DeSantis firmó en mayo un nuevo mapa de distritos del Congreso para Florida, aprobado por la Legislatura estatal durante una sesión especial, que se proyecta dejaría una división de 24 escaños republicanos contra apenas 4 demócratas de los 28 que le corresponden al estado. Un juez ya falló en mayo que el mapa se mantendrá vigente para las elecciones de 2026, pese a que sigue siendo impugnado judicialmente por violar, según los demandantes, la Enmienda de Distritos Justos que los propios votantes de Florida aprobaron en 2010 para prohibir explícitamente el rediseño de distritos con fines partidistas o para diluir el voto de las minorías.

Esa proporción de 24 a 4 merece explicarse en contexto: Florida elige 28 representantes en total, lo que significa que, bajo este mapa, los demócratas quedarían con apenas el 14% de la delegación del estado en un momento en que el propio estado tiene una población hispana que supera el 27% del total, según cifras del censo. Ninguna distribución de distritos logra jamás una representación perfectamente proporcional a la composición demográfica, pero una diferencia de esta magnitud entre el peso poblacional hispano y su representación efectiva en el Congreso es precisamente el tipo de resultado que las leyes de distritos justos buscan evitar, incluso cuando los mapas no violan explícitamente los criterios raciales que sí bloquearon el mapa de Texas esta semana.

La disputa política detrás de este mapa tiene, además, un ingrediente poco común: no es solo una pelea entre republicanos y demócratas, sino también una fractura dentro del propio liderazgo republicano de Florida. El presidente de la Cámara de Representantes estatal, Daniel Pérez, y el gobernador DeSantis mantienen una relación tensa desde principios de 2025 que se hizo pública durante el informe del Estado del Estado de enero, cuando DeSantis se negó a estrecharle la mano frente a las cámaras. Que ambos republicanos —uno de ascendencia cubana, el otro con fuerte respaldo entre votantes hispanos de línea dura— compartan el objetivo político del rediseño pero mantengan una relación personal fracturada añade una capa de incertidumbre sobre qué tan unificada estará la ejecución legislativa republicana de cara a las elecciones de noviembre.

La líder demócrata del Senado estatal, Lori Berman, calificó el esfuerzo como “un esfuerzo de redistribución ilegal y motivado políticamente para dar a los republicanos una ventaja injusta en las urnas y quitarle el poder a los votantes”, mientras los demócratas de Florida —relegados a una superminoría en la Legislatura que limita drásticamente su capacidad de bloquear la agenda republicana— han optado por concentrar su discurso público en temas de asequibilidad de vivienda y seguros, más que en pelear directamente la batalla de los mapas, donde tienen mucho menos margen de maniobra legislativa.

Para el votante hispano de Florida, sea cual sea su afiliación política, el resultado práctico de este mapa —si sobrevive a las apelaciones judiciales pendientes— es una Florida donde el peso demográfico de la comunidad no se traduce de manera proporcional en representación en Washington. Es exactamente el mismo tipo de disputa que se libra hoy en Texas, con el mismo actor central —Trump presionando a estados republicanos para rediseñar mapas antes del ciclo de medio término— y con el mismo interrogante de fondo sin resolver: si los tribunales terminarán frenando esta ola de rediseños partidistas, o si 2026 se convertirá en el año en que ese tipo de mapas quede normalizado como estrategia electoral estándar en ambos partidos.