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Tania Romero Naranjo, una cubana de 24 años originaria de la Isla de la Juventud, fue detenida por agentes de ICE el 26 de junio mientras acudía a una cita de supervisión rutinaria en Portland, Texas. Llevaba cuatro años viviendo en Estados Unidos tras ingresar con el formulario I-220A, un documento que le permitía permanecer en libertad mientras continuaba su proceso migratorio, pero que no otorga estatus legal permanente ni se considera un “parole” a efectos de la Ley de Ajuste Cubano. Romero Naranjo es madre de un niño de tres años, ciudadano estadounidense, que quedó al cuidado de su padre tras la detención.

El caso importa porque no es un hecho aislado: se suma a un patrón que abogados de inmigración llevan documentando desde principios de 2025, de detenciones ocurridas durante citas de supervisión rutinarias con ICE, el mismo tipo de trámite que, hasta hace poco, se entendía como una obligación de cumplimiento que en sí misma no representaba un riesgo de detención. Ese cambio de comportamiento por parte de las autoridades migratorias transforma un trámite administrativo en un momento de alto riesgo, y con ello desincentiva —de manera perversa— que las personas sigan cumpliendo voluntariamente con las citas que la ley les exige.

El formulario I-220A no es un caso marginal dentro del sistema migratorio: se estima que entre 400.000 y 500.000 cubanos se encuentran hoy en esta misma situación legal, atrapados en un limbo donde no tienen estatus legal permanente, pero tampoco cometieron ningún delito ni violaron los términos bajo los cuales ingresaron al país. La congresista republicana María Elvira Salazar, representante de un distrito con alta población cubana en Florida, solicitó formalmente al Departamento de Seguridad Nacional que se implemente un mecanismo de “parole in place” para cubanos con I-220A sin antecedentes penales, argumentando que miles de familias permanecen atrapadas en un limbo migratorio debido a diferencias en cómo se procesaron casos similares en distintos momentos.

Esa distinción —entre quienes tienen antecedentes penales y quienes no— es, precisamente, la que muchas familias afectadas sienten que se está perdiendo en la práctica actual de aplicación migratoria. El caso de Romero Naranjo no involucra ningún antecedente penal ni incidente en el momento de la detención: según el propio expediente, el arresto se produjo después de una cita ordinaria, sin que mediara ningún hecho adicional. Para las decenas de miles de familias cubanas que comparten este mismo estatus migratorio, casos como este funcionan como una advertencia directa: cumplir con las reglas y presentarse a cada cita exigida por las autoridades ya no garantiza, por sí solo, evitar una detención.

Para cualquier persona con formulario I-220A —no solo cubanos, aunque es la comunidad donde este documento es más común— la recomendación de abogados especializados es clara ante este cambio de patrón: consultar con un abogado de inmigración antes de cada cita de supervisión, llevar preparado un plan de cuidado para hijos menores en caso de detención, y estar al tanto de iniciativas legislativas como la propuesta por la congresista Salazar, que podrían ofrecer una vía de regularización más estable para quienes, como Tania Romero Naranjo, no tienen ningún antecedente que justifique el trato que están recibiendo.