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David Streever envió una crítica de tres párrafos por correo electrónico a un funcionario federal dos días después de que Alex Pretti muriera baleado por agentes en enero, durante el operativo migratorio en Minneapolis que Trump terminó poco después ante la indignación pública. Cinco meses más tarde, el 23 de junio, dos agentes federales se presentaron en su casa de Rochester, Nueva York, con una notificación escrita advirtiéndole que podría haber amenazado a Todd Lyons, entonces director interino de ICE. El aviso decía, en mayúsculas, que “puede estar violando la ley federal”. Streever demandó el lunes a varios funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, alegando que los agentes “hicieron gestiones extraordinarias de confrontación e intimidación”.
Streever no fue el único visitado. En Syracuse, Paigelynn Gonyea recibió la misma carta de advertencia el mismo día, entregada por agentes que entraron al centro de votación donde ella trabajaba durante las primarias. Según contó a la agencia AP, la visita se originó en una publicación de redes sociales de enero que mencionaba por nombre a Jonathan Ross, el agente de ICE que disparó y mató a Renee Good. Es decir: dos personas, en dos ciudades distintas de Nueva York, visitadas por los mismos agentes el mismo día, ambas señaladas por criticar en público, por vías completamente legales, la actuación de funcionarios federales en incidentes que ya habían generado indignación nacional.
Ese patrón es el que convierte este caso en algo más que una disputa individual. La Unión de Libertades Civiles de Nueva York calificó estas visitas como un intento de “intimidar a cualquiera que hable en contra de los abusos desenfrenados de ICE”, sin ninguna otra justificación real. Los abogados de Streever, de la Foundation for Individual Rights and Expression, fueron directos: “La Primera Enmienda protege incuestionablemente” ese tipo de críticas, sin ambigüedad legal de por medio. El propio DHS ha reconocido que las amenazas contra sus agentes aumentaron significativamente desde el inicio de este mandato, pero CNN documentó que la agencia con frecuencia agrupa, bajo esa misma etiqueta de “amenaza”, actos legalmente protegidos —como grabar a agentes durante un operativo o enviar un correo de queja— junto con amenazas violentas reales, sin distinguir entre ambas categorías.
La demanda detalla que, además de la visita a su casa, Streever fue objeto de llamadas telefónicas repetidas, lo que describe como vigilancia aparente de sus movimientos, y hasta la aparición de un tercer agente en el vestíbulo del hotel donde se hospedaba en Nueva York al regresar de un viaje con su hija. El conjunto, según la demanda, generó en él y su familia “ansiedad y angustia”, incluido el temor a represalias futuras por cualquier crítica adicional hacia ICE o el DHS.
Para cualquier ciudadano, sin importar su postura sobre la política migratoria actual, este caso plantea una pregunta que trasciende la disputa puntual: si expresar una opinión crítica —incluso una dura, incluso enviada directamente a un funcionario público— puede derivar en una visita domiciliaria de agentes federales portando advertencias sobre posibles violaciones a la ley, el efecto práctico es disuadir a cualquiera de ejercer un derecho que la Constitución protege sin ambigüedad. Es, precisamente, ese efecto disuasorio sobre la libertad de expresión —más que el desenlace legal de este caso puntual— lo que convierte esta demanda en un asunto de interés para mucho más gente que la directamente involucrada.