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María Corina Machado acusó directamente al gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez de actuar con “incompetencia y maldad” en la respuesta a la crisis del terremoto, y afirmó que “Venezuela hoy es otro país” porque “el régimen está en una fragilidad total”. La declaración, de las más duras que Machado ha lanzado contra el gobierno interino desde que este asumió el poder en enero, llega el mismo viernes en que un nuevo temblor de magnitud 3,9 volvió a sacudir la zona de Naiguatá, en el estado La Guaira, dieciséis días después del doble terremoto original que ya deja más de 3.889 muertos confirmados.

El uso de la palabra “maldad” —no solo incompetencia, sino intencionalidad— marca un salto retórico significativo. Machado ya había cuestionado semanas atrás las restricciones a su propio regreso al país, bloqueado tanto por Caracas como, según reportes, por la propia Casa Blanca. Pero acusar directamente de mala fe al gobierno en el manejo de una catástrofe humanitaria —no de simple ineficiencia burocrática— eleva la confrontación política a un terreno mucho más personal y directo, en momentos en que la respuesta oficial ya enfrentaba denuncias de corrupción, desvío de ayuda humanitaria y restricciones de acceso a zonas afectadas.

El nuevo temblor, aunque de magnitud menor y sin víctimas reportadas hasta el momento, no es un hecho menor en el contexto actual: la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha registrado más de 1.115 réplicas desde el 24 de junio, y advierte que la falla de desgarre que originó el sismo principal sigue activa dentro de la misma placa tectónica. En la zona de La Guaira, donde más de 800 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron por completo, la maquinaria pesada continúa removiendo escombros mientras familiares de desaparecidos siguen esperando, muchas veces resistiéndose a que la maquinaria avance, con la esperanza de recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

En medio de este escenario, Venezuela y el Fondo Monetario Internacional mantienen conversaciones para desbloquear activos financieros del país destinados a la respuesta a la emergencia, mientras Delcy Rodríguez reclama públicamente a Inglaterra la liberación de reservas de oro venezolano retenidas en el Banco de Inglaterra desde hace años, argumentando la magnitud de la catástrofe como justificación. El propio jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, se sumó al llamado, considerando que las sanciones internacionales contra Venezuela deberían flexibilizarse para no obstaculizar la llegada de ayuda ni los planes de recuperación.

Para la diáspora venezolana, esta declaración de Machado no es solo un dato más de la disputa política interna: confirma que la fractura entre el liderazgo opositor reconocido internacionalmente y el gobierno interino que hoy administra la respuesta a la emergencia sigue sin ninguna posibilidad de tregua, ni siquiera frente a una tragedia de esta magnitud. Esa falta de unidad en el manejo de la crisis —mientras el país sigue temblando literalmente, dieciséis días después— es, para muchos venezolanos dentro y fuera del país, tan preocupante como cualquier réplica sísmica: una señal de que la reconstrucción no solo enfrenta obstáculos financieros y logísticos, sino también una batalla política que no da señales de resolverse pronto.