El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el 16 de julio que la mitad de las oficinas de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya cuenta con cámaras corporales para sus agentes, y que el resto las tendrá instaladas en un plazo de 60 días. El anuncio llega después de que agentes de ICE mataran a cuatro personas en tiroteos durante lo que va de 2026 —Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, en enero, y más recientemente Lorenzo Salgado Araujo en Houston, el 7 de julio— sin que ninguno de los agentes involucrados portara una cámara corporal activa en el momento del disparo. El Congreso había asignado 20 millones de dólares para este programa en abril, como parte de la ley que puso fin al cierre de gobierno de ese mes.
El caso de Salgado Araujo es, hasta ahora, el ejemplo más claro de por qué la ausencia de cámaras se ha vuelto un problema político y no solo técnico: el New York Times confirmó esta semana que los agentes que lo mataron en realidad buscaban a otras dos personas vinculadas a una investigación distinta, y que la identificación de Salgado como sospechoso fue un error. Sin cámara corporal, la reconstrucción de lo ocurrido dependió casi por completo de los testimonios de los testigos presentes —entre ellos su propio hermano, Víctor, que permanece detenido y enfrenta una audiencia de deportación— y de una investigación del fiscal del condado Harris que ha denunciado en público que agencias federales le niegan acceso a evidencia clave.
Un informe reciente de la ACLU documentó 375 incidentes de uso de fuerza durante operativos migratorios en lo que va del año, en momentos en que la fuerza total dedicada a labores de deportación —sumando a ICE y otras agencias federales asignadas a esa tarea— ha crecido en 50,000 agentes adicionales. Esa combinación de expansión operativa acelerada y ausencia de un mecanismo de verificación independiente y consistente es, precisamente, el vacío que las cámaras corporales están diseñadas para cerrar: no evitan que ocurra un incidente, pero sí permiten reconstruir con evidencia objetiva qué pasó exactamente, en vez de depender de versiones contrapuestas entre la agencia y las familias afectadas.
Por qué esto importa más allá de la política interna de ICE: para las comunidades hispanas que hoy conviven con una presencia mucho más grande y visible de agentes de control migratorio en sus ciudades, la instalación de cámaras corporales no resuelve el debate de fondo sobre el alcance y la intensidad de esos operativos, pero sí establece un estándar mínimo de rendición de cuentas que hasta ahora no existía de forma uniforme. El plazo de 60 días que anunció el DHS será, en la práctica, la primera prueba real de si esa promesa se cumple antes de que ocurra el próximo incidente similar, o después.