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Dos semanas después del doble terremoto que devastó buena parte de Venezuela, un problema mucho menos visible que las cifras de muertos y los rescates milagrosos avanza en silencio entre los sobrevivientes: insomnio, ansiedad y miedo persistente que afectan tanto a niños como a adultos que conviven a diario con un escenario de destrucción que todavía no termina de resolverse. Especialistas describen un escenario “desgarrador” donde las secuelas psicológicas del sismo apenas empiezan a manifestarse con claridad.
Este tipo de secuela es, según coinciden los especialistas en salud mental que trabajan en situaciones de desastre, tan predecible como subestimada: después de cualquier catástrofe de esta magnitud, una proporción significativa de la población afectada desarrolla síntomas de estrés postraumático, trastornos del sueño y ansiedad generalizada, que en muchos casos se prolongan durante meses o años si no reciben atención adecuada. La diferencia en el caso venezolano es que esta crisis psicológica golpea a una población que enfrenta esas secuelas con un sistema de salud mental que ya operaba con recursos extremadamente limitados antes de que ocurriera el terremoto.
Los niños representan el grupo más vulnerable dentro de esta crisis silenciosa. La exposición a la destrucción, la pérdida de rutinas, el desplazamiento de sus hogares y, en muchos casos, la pérdida de familiares o amigos cercanos, generan un impacto psicológico que puede manifestarse de formas distintas a las de un adulto: regresión en el desarrollo, terrores nocturnos, dificultad para concentrarse o aislamiento social. Organizaciones como Unicef ya han señalado que 680.000 niños se encuentran entre la población que necesita asistencia humanitaria directa tras el terremoto, una cifra que probablemente subestima cuántos de ellos necesitan, específicamente, apoyo psicológico especializado y no solo asistencia material.
¿Por qué esta dimensión de la crisis merece la misma atención que las cifras de daños materiales? Porque una población con salud mental colectiva deteriorada enfrenta enormes dificultades para participar activamente en su propia recuperación: desde niños que no pueden concentrarse en la escuela hasta adultos que, atrapados en ansiedad crónica, pierden capacidad productiva justo en el momento en que el país necesita que la mayor cantidad posible de personas participe en la reconstrucción. Ignorar esta dimensión no solo tiene un costo humano inmediato, sino que puede prolongar y profundizar los efectos económicos y sociales del terremoto durante años.
Para la diáspora venezolana que sigue de cerca la situación de sus familiares, esta información tiene una implicación práctica concreta: más allá de enviar ayuda material —remesas, insumos, dinero para reconstrucción—, vale la pena estar atentos a las señales de angustia psicológica en los seres queridos que permanecen en el país, y, cuando sea posible, buscar canales de apoyo emocional a distancia. En un sistema de salud que ya no puede cubrir todas las necesidades físicas de la población afectada, la salud mental corre el riesgo real de quedar completamente relegada, precisamente cuando más se necesita.