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La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles de emergencia que Trump había impuesto invocando poderes económicos excepcionales, en un fallo que limitó la autoridad presidencial para fijar este tipo de medidas comerciales sin pasar por el Congreso. La respuesta de la Casa Blanca fue inmediata: horas después del fallo, Trump anunció una nueva tasa arancelaria del 10% para el resto del mundo, amparándose esta vez en una disposición legal distinta —la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974—, y al día siguiente la elevó al 15%. Los principales índices de Wall Street cayeron ante la confusión generada por este vaivén en la política comercial.

Lo que hace que este episodio importe no es únicamente el nivel del arancel en sí, sino la velocidad y la vía legal utilizada para reemplazar una herramienta que la propia Corte Suprema acababa de declarar improcedente. La Sección 122 tiene una limitación importante que la distingue de los poderes anulados por la Corte: solo permite mantener este tipo de arancel de emergencia durante 150 días, después de los cuales el Congreso debe autorizar su extensión. Esa fecha límite cae en agosto, apenas semanas antes de que arranque de lleno la campaña de las elecciones legislativas de noviembre, un calendario que analistas ya señalan como poco favorable para que los propios legisladores republicanos, conscientes de la impopularidad de los aranceles en las encuestas, decidan prorrogarlos sin resistencia.

Esa incertidumbre sobre cuánto durará esta nueva tanda de aranceles es, en la práctica, el problema económico más inmediato. Funcionarios de la Casa Blanca han asegurado que los acuerdos comerciales ya firmados con otros países se mantendrán sin grandes cambios, pero especialistas consultados por distintos medios advierten que no está claro cómo eso puede sostenerse si esos acuerdos se negociaron bajo un marco arancelario que la Corte Suprema ya declaró inválido. Esa ambigüedad legal deja a empresas importadoras y exportadoras —incluidas muchas pequeñas y medianas empresas con lazos comerciales en América Latina— sin certeza real sobre qué costos arancelarios deberán pagar en los próximos meses, ni sobre si esos costos podrían volver a cambiar con otro fallo judicial o un nuevo anuncio presidencial.

Para el consumidor común, el efecto de esta inestabilidad no siempre es inmediato ni visible en el supermercado, pero sí se traduce, con el tiempo, en precios más altos para productos importados y en mayor cautela de las empresas a la hora de invertir o planificar a largo plazo, precisamente en un momento en que otros indicadores —como la caída en la participación laboral y la desaceleración en la creación de empleo— ya apuntan a un enfriamiento económico. Michael Landsberg, director de inversiones de una firma de gestión patrimonial, resumió el dilema a la cadena CNBC: si la política arancelaria se mantiene por este camino de idas y vueltas legales, es muy probable que el asunto termine, una vez más, en la Corte Suprema antes de que termine el año.

La lección de fondo para cualquiera que siga de cerca la economía estadounidense es que la disputa sobre los aranceles no se resolvió con el fallo de la Corte Suprema, sino que simplemente cambió de forma. Mientras el Congreso no defina con claridad los límites reales de la autoridad presidencial en materia comercial, es previsible que este patrón —una herramienta arancelaria cae en los tribunales y es reemplazada de inmediato por otra— se repita, dejando a mercados, empresas y consumidores atrapados en un ciclo de incertidumbre que ninguna de las partes involucradas parece tener apuro en resolver antes de las elecciones de noviembre.