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Hannah Dugan, exjueza del condado de Milwaukee, evitó la cárcel el miércoles después de ser condenada por un cargo federal de obstrucción por sacar a un hombre mexicano de su sala a través de una puerta lateral del jurado mientras agentes de ICE esperaban en el pasillo para arrestarlo. Un juez federal le impuso una multa de 5.000 dólares, citando su historial intachable como funcionaria pública. “He sido señalada tanto de infractora de la ley como de heroína. No soy ninguna de las dos cosas. Soy una servidora pública que solo trataba de hacer su trabajo”, dijo Dugan durante la audiencia.

El caso, ocurrido en abril de 2025, se convirtió rápidamente en algo mucho más grande que la culpabilidad individual de una jueza. Organizaciones de defensa de inmigrantes y aliados judiciales argumentaron abiertamente que la administración Trump usó el proceso contra Dugan como un mensaje dirigido a todo el sistema judicial estatal: cualquier juez que intente proteger a un acusado de un arresto migratorio dentro de su propia sala corre el riesgo de terminar procesado penalmente, sin importar cuán limitada o simbólica haya sido la acción. Dugan no liberó a nadie de cargos ni interfirió con ningún proceso judicial en curso; simplemente usó una salida alternativa para que el hombre no tuviera que cruzar el pasillo donde los agentes lo esperaban.

Ese es precisamente el punto que hace de este caso un precedente relevante más allá de Wisconsin: establece, en la práctica, que ese tipo de gesto —común entre jueces que buscan mantener sus salas como espacios donde la gente no teme presentarse por miedo a una detención migratoria inmediata— puede acarrear consecuencias penales federales. Para el sistema judicial estatal en su conjunto, el mensaje es doble: por un lado, la pena finalmente impuesta fue leve, una multa sin prisión; por otro, el propio hecho de haber sido procesada penalmente, con todo lo que eso implica en tiempo, costos legales y desgaste personal, ya funciona como una advertencia disuasoria para cualquier otro juez que considere hacer algo similar.

La tensión de fondo que este caso expone es estructural: los tribunales estatales han funcionado tradicionalmente como espacios donde la aplicación de la ley migratoria federal no interviene directamente, precisamente para que las personas —sin importar su estatus— no eviten acudir a procesos legales legítimos por miedo a ser detenidas en el edificio. Cuando ICE empieza a operar dentro o alrededor de esos tribunales, como ha ocurrido de forma creciente durante esta administración, ese equilibrio se rompe, y jueces como Dugan quedan atrapados entre su entendimiento del debido proceso y el riesgo real de terminar, ellos mismos, procesados penalmente por intentar preservarlo.

Para las comunidades inmigrantes, el desenlace del caso de Dugan ofrece una lectura ambivalente: confirma que un intento de proteger a alguien de una detención migratoria dentro de un tribunal puede tener consecuencias penales reales para quien lo haga, incluso si esa persona es un juez con años de trayectoria intachable. Al mismo tiempo, la sentencia relativamente leve sugiere que, al menos en este caso puntual, el sistema judicial federal no estuvo dispuesto a llegar hasta el extremo de encarcelar a una jueza por un acto que ella describió, con total consistencia, como parte de su deber de garantizar que su sala siguiera siendo un espacio seguro para cualquier persona que se presentara ante ella.