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Naciones Unidas estimó que los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio causaron daños por 37.000 millones de dólares, una cifra que incluye 24.000 millones en edificaciones —viviendas, comercios, escuelas, hospitales e instalaciones públicas— y otros 13.000 millones en infraestructura, con las telecomunicaciones como el rubro más golpeado dentro de esta última categoría, con pérdidas cercanas a 5.000 millones de dólares. La propia ONU aclara que esta cifra no incluye los costos de la respuesta de emergencia ni la interrupción de la actividad económica, lo que significa que el impacto económico total podría ser todavía mayor.

Poner esa cifra al lado de la respuesta financiera del gobierno interino revela una brecha que merece más atención de la que ha recibido hasta ahora: apenas horas después del terremoto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares para la reconstrucción, usando recursos disponibles a través del Fondo Monetario Internacional. Son 200 millones frente a una necesidad estimada de 37.000 millones: ese fondo cubre, en el mejor de los casos, apenas un 0,5% del costo total calculado por Naciones Unidas.

Esa desproporción no es, necesariamente, una señal de mala fe o de incompetencia deliberada: es, en gran medida, un reflejo de las limitaciones reales de las finanzas públicas venezolanas después de años de crisis económica, sanciones internacionales y una economía que ya operaba con márgenes muy estrechos antes de que ocurriera el terremoto. Pero esa misma limitación estructural es, precisamente, el motivo por el que la ayuda internacional deja de ser un gesto solidario opcional y se convierte en la única vía realista para que la reconstrucción avance a un ritmo que evite una crisis social todavía mayor a la que ya existe.

Ahí está el problema de fondo que conecta esta cifra económica con la tensión política que se vive hoy en Venezuela: mientras los donantes internacionales evalúan cuánto comprometer y por cuánto tiempo, la población venezolana no puede esperar a que se resuelvan las negociaciones diplomáticas para tener un techo, agua potable o un hospital funcionando con normalidad. La organización Programa Mundial de Alimentos ya trabaja para asistir a medio millón de personas durante tres meses, y Unicef necesita movilizar 52 millones de dólares adicionales solo para atender a los niños afectados, una cifra que por sí sola ya supera al fondo de reconstrucción completo anunciado por el gobierno venezolano.

Para cualquiera que siga esta crisis desde fuera de Venezuela, el dato que hay que retener es simple: las cifras de daños que se publican en los titulares —miles de millones de dólares— pueden sonar abstractas, pero la comparación con lo que el propio Estado venezolano puede aportar hoy es la que realmente explica por qué la reconstrucción de este país no depende, en lo inmediato, de la voluntad política de su gobierno, sino de cuánto y con qué rapidez esté dispuesta a comprometerse la comunidad internacional en las próximas semanas.