[[REEMPLAZAR-IMAGEN: foto genérica de labores de rescate entre escombros — buscar imagen libre de derechos con crédito]]
A más de una semana del doble terremoto que devastó buena parte de Venezuela, ha surgido una discusión incómoda pero necesaria: las dudas sobre qué tan confiable es la cifra oficial de fallecidos que maneja el gobierno. Organizaciones humanitarias, periodistas y equipos de rescate internacionales han señalado discrepancias entre lo que reportan las autoridades y lo que observan sobre el terreno, especialmente en zonas donde el acceso ha sido restringido desde los primeros días.
Es fácil ver esta discusión como un debate morboso sobre números, una especie de contabilidad macabra que no cambia nada para las familias que ya perdieron a alguien. Pero la razón por la que este debate importa va mucho más allá de la cifra en sí: en una crisis humanitaria de esta magnitud, los números oficiales son los que determinan cuánta ayuda internacional se moviliza, hacia dónde se dirige y con qué urgencia. Si la cifra real de personas afectadas, desaparecidas o sin vivienda es mayor a la reportada, la respuesta humanitaria que se está desplegando —por más generosa que parezca— podría estar quedándose corta frente a la necesidad real.
Hay un antecedente que pesa en esta discusión: Venezuela lleva años enfrentando cuestionamientos sobre la fiabilidad de sus estadísticas oficiales en áreas tan distintas como inflación, criminalidad o cobertura de servicios públicos, a menudo porque el propio Estado dejó de publicar datos independientes o restringió el acceso de organismos externos para verificarlos. Esa historia previa es, precisamente, lo que alimenta el escepticismo actual: no se trata de que exista una prueba concreta de manipulación deliberada de las cifras del terremoto, sino de que la falta de transparencia sostenida en el tiempo erosiona la confianza automática en cualquier número que el gobierno presente, incluso en medio de una tragedia donde todos deberían estar del mismo lado.
Las restricciones de acceso reportadas para equipos internacionales de rescate y periodistas en ciertas zonas afectadas no ayudan a despejar esas dudas; al contrario, las alimentan. Cuando un gobierno limita quién puede entrar a verificar la magnitud real de una catástrofe, la pregunta que naturalmente surge es qué es lo que no se quiere mostrar, incluso si la respuesta real termina siendo tan simple como el caos logístico propio de cualquier desastre de esta escala.
Para la diáspora venezolana y para la comunidad internacional que está canalizando ayuda hacia el país, esta discusión sobre las cifras tiene una consecuencia muy práctica: organizaciones humanitarias necesitan datos confiables para decidir dónde concentrar recursos escasos. Un subregistro de víctimas o de personas desplazadas en determinadas zonas podría significar que comunidades enteras se queden sin la ayuda que necesitan simplemente porque, en el papel, su nivel de afectación no refleja la realidad. Al final, la pelea por la cifra correcta no es una discusión académica: es, en la práctica, una pelea por que la ayuda llegue a quien de verdad la necesita.