El 24 de julio, en seis días, vence la autoridad legal bajo la cual el gobierno de Trump ha cobrado desde febrero un arancel de entre 10% y 15% sobre importaciones de casi todos los países del mundo. Esa autoridad —la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974— fue la herramienta de reemplazo que la Casa Blanca activó horas después de que la Corte Suprema, en una decisión de 6 a 3, declarara ilegal el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles globales, al considerar que esa ley da poderes de emergencia económica pero no autoridad arancelaria, una potestad que la Constitución reserva al Congreso.
La Sección 122 tiene una particularidad que explica por qué existe una fecha límite tan específica: por ley, solo puede usarse durante 150 días para atender problemas de balanza de pagos, sin necesidad de las investigaciones que exigen otras herramientas comerciales. Ese plazo, que arrancó el 24 de febrero, se agota el 24 de julio. El Congreso podría extenderlo por legislación —la vía legalmente más simple, sin necesidad de nueva justificación—, pero eso requeriría una votación que, hasta el momento, no se ha concretado ni parece inminente.
Lo importante para entender qué va a pasar realmente el 25 de julio es esto: la administración no se ha quedado de brazos cruzados esperando que venza el plazo. Desde febrero, ha ido construyendo en paralelo un “muro arancelario” alternativo usando las Secciones 301 y 232 de la ley comercial, mecanismos que sí exigen investigaciones formales pero que no dependen de un límite de 150 días. El propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, argumentó en febrero que los ingresos por aranceles se mantendrían “prácticamente sin cambios” durante 2026, una meta que solo se cumple si esas tarifas bajo Secciones 301 y 232 se amplían de forma sustancial antes de que la Sección 122 caduque. Ya hay investigaciones en curso bajo Sección 301 sobre sobrecapacidad manufacturera estructural, que cubre a dieciséis países y más del 75% de las importaciones de EE.UU.
Por qué esto importa para el bolsillo de una familia hispana promedio: aunque técnicamente la Sección 122 va a expirar, es altamente probable que el efecto práctico —precios más altos en electrónica, maquinaria, textiles y una amplia gama de bienes de consumo— continúe casi sin interrupción, solo que sostenido por una base legal distinta. Las tarifas actuales sobre China, por ejemplo, ya combinan la Sección 122 con aranceles de Sección 301 que no se ven afectados por este vencimiento, alcanzando tasas efectivas de entre 35% y 110% según la categoría del producto. La lección práctica de este vencimiento no es “esperen a que bajen los precios el 25 de julio” —es que el mecanismo legal detrás de esos precios más altos sigue siendo, incluso después de una derrota en la Corte Suprema, una prioridad que la administración ha demostrado estar dispuesta a reconstruir con otra herramienta cada vez que un tribunal le bloquea la anterior.