[[REEMPLAZAR-IMAGEN: foto genérica de una oficina de USCIS o de una familia venezolana en EE.UU. — buscar imagen libre de derechos]]

La administración Trump ha terminado ambas designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela —la de 2021 y la de 2023—, un proceso que organizaciones como el Caucus Venezolano-Americano describen como la mayor eliminación de protección legal migratoria en la historia de Estados Unidos, con más de 600.000 personas afectadas en total. La batalla legal por revertir esas decisiones sigue activa en los tribunales, y de su resultado depende si un grupo específico de venezolanos conserva su estatus más allá de octubre de este año.

Para entender por qué esto importa hoy, hay que separar dos grupos. Por un lado, cientos de miles de venezolanos ya perdieron el TPS de manera efectiva, después de que la Corte Suprema permitiera en una decisión procesal, en octubre del año pasado, que el gobierno avanzara con esas terminaciones mientras el litigio de fondo continúa en tribunales inferiores. Por otro lado, existe un grupo más reducido que sí conserva protección activa hasta el 2 de octubre de 2026, gracias a una orden judicial específica de un juez de distrito en California, que blindó a quienes recibieron su documentación de TPS con esa fecha de vencimiento antes del 5 de febrero de 2025.

Ese segundo grupo es el que hoy vive en una situación de espera particularmente tensa: su protección sigue vigente, pero depende del desenlace de un litigio —National TPS Alliance et al. v. Noem et al.— que ya pasó por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, donde un panel de jueces confirmó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al poner fin al TPS. Sin embargo, ese fallo no tuvo efecto práctico inmediato, porque la Corte Suprema ya había autorizado antes que la terminación siguiera adelante mientras se resuelve el caso. Es decir: los tribunales inferiores le han dado la razón a los demandantes en varias ocasiones, pero la instancia con la última palabra —la Corte Suprema— todavía no ha emitido una decisión final sobre el fondo del asunto.

Esa combinación —victorias parciales en tribunales inferiores que no se traducen en protección real mientras la Corte Suprema no decida— es, en sí misma, la parte más difícil de explicar y de vivir para las familias afectadas. Significa que cientos de miles de personas no pueden planificar su futuro con certeza: no saben si en cuestión de meses van a mantener su autorización de trabajo y su protección frente a la deportación, o si un fallo final revertirá incluso esa última capa de protección que hoy sostiene a los que la conservan.

Para la diáspora venezolana en Estados Unidos, la relevancia de este tema va más allá de las cifras legales. El TPS ha sido, durante años, la vía que permitió a cientos de miles de personas trabajar de forma legal, pagar impuestos y sostener a sus familias, tanto en Estados Unidos como en Venezuela a través de remesas, mientras se resolvía —o no— su situación migratoria de más largo plazo. La pérdida de esa protección para la mayoría, y la incertidumbre que rodea al grupo que aún la conserva, definen buena parte de la ansiedad con la que amplios sectores de la comunidad venezolana en el país enfrentan los próximos meses, independientemente de lo que ocurra en Venezuela mismo.