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El Gobierno de México anunció este jueves que presentará denuncias penales y acciones civiles en tribunales estadounidenses por la muerte de 17 mexicanos vinculada a la custodia y a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluyendo el caso de Lorenzo Salgado Araujo, el hombre de 52 años baleado el martes en Houston mientras iba camino al trabajo. El canciller Roberto Velasco explicó que, de esas 17 muertes, 14 ocurrieron bajo custodia de ICE y tres durante operativos activos de la agencia.
Lo que distingue este anuncio de todo lo que México había hecho hasta ahora es el cambio de vía: durante el segundo mandato de Trump, el país había presentado 11 notas diplomáticas de protesta, acompañado a familias de víctimas y llevado el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU, sin que ninguna de esas gestiones produjera consecuencias legales concretas para los responsables. Ahora, según explicó Velasco, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias formales directamente ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, buscando que las autoridades estadounidenses investiguen responsabilidades penales concretas.
La estrategia tiene tres frentes simultáneos. El primero, penal, apunta a que se investigue y eventualmente se sancione a los responsables directos de cada muerte. El segundo, civil, se dirige contra las empresas privadas que operan los centros de detención de ICE donde murieron 14 mexicanos: México les envió cartas formales de “cese y desistimiento”, exigiendo que cambien las condiciones que, según el Gobierno mexicano, contribuyeron a esas muertes. El tercero busca apoyo internacional adicional, con solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH y una exigencia directa al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que intervenga en la protección de mexicanos detenidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue particularmente directa sobre el caso de Salgado Araujo, calificando su muerte de “triste y lamentable” y señalando que “parece que va dirigido”, una frase que cuestiona directamente la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional, según la cual el agente disparó “en defensa propia” después de que Salgado Araujo intentara atropellarlo. La familia del fallecido sostiene que no hay evidencia de ese presunto embiste, pese a que los agentes de ICE deben portar cámaras corporales que, hasta ahora, no han sido presentadas públicamente.
¿Por qué debería importarle este giro estratégico a cualquier familia mexicana o hispana en Estados Unidos, más allá del caso puntual? Porque marca un precedente sobre cómo un gobierno extranjero puede intentar usar el propio sistema judicial estadounidense —no solo la presión diplomática— para exigir cuentas por el trato a sus connacionales. Si estas denuncias avanzan y generan resultados concretos, podrían convertirse en un modelo que otros países de la región, con comunidades igualmente numerosas y vulnerables en Estados Unidos, decidan replicar. Si, por el contrario, las fiscalías estadounidenses las descartan o las dejan sin avance, el episodio dejará una lección distinta: que ni siquiera la vía judicial directa de un gobierno extranjero logra generar responsabilidad real dentro del sistema de aplicación migratoria actual.