[[REEMPLAZAR-IMAGEN: diseño propio — fuente original: foto de Ronaldo Salgado y Lorenzo Jr., hijos de Lorenzo Salgado Araujo, en conferencia de prensa en Houston, crédito AP Photo/David J. Phillip]]

El gobierno de México anunció esta semana que solicitará formalmente cargos penales contra los responsables de la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas bajo custodia de ICE o durante operativos de control migratorio de la administración Trump. El canciller Roberto Velasco explicó que la petición —14 de esas muertes ocurrieron en custodia y 3 durante operativos en campo— se presentará ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, acompañada de demandas civiles contra las empresas que administran los centros de detención donde ocurrieron varios de los casos.

Es importante entender lo que este paso representa y lo que no. La solicitud no tiene validez legal vinculante: ni las fiscalías estatales ni el Departamento de Justicia están obligados a actuar sobre ella. Pero marca un cambio de estrategia significativo respecto a lo que México venía haciendo hasta ahora, que se limitaba a acompañar a las familias de las víctimas, enviar notas diplomáticas a Washington exigiendo investigaciones, y elevar el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU. Pasar de la protesta diplomática a pedir explícitamente que se presenten cargos penales es la escalada más fuerte que el gobierno mexicano ha dado en este tema desde que comenzó el segundo mandato de Trump.

El anuncio llegó apenas dos días después de que un agente de ICE matara a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años que llevaba 35 viviendo en Houston y que se dirigía a recoger a su cuadrilla de construcción cuando agentes intentaron detener su vehículo como parte de un operativo dirigido contra otra persona. DHS sostiene que Salgado intentó embestir a un oficial con su camioneta y que el agente disparó en defensa propia; la familia y organizaciones como LULAC exigen la liberación de toda la evidencia —cámara corporal, cámara de tablero, video de testigos— señalando que ninguno de los agentes involucrados llevaba cámara corporal activada. El fiscal de distrito del condado Harris ha denunciado públicamente que las agencias federales le están negando acceso a evidencia clave, incluida la camioneta de Salgado.

Por qué esto importa más allá de un caso individual: Salgado Araujo es, según el conteo de México, la muerte número 17 de un ciudadano mexicano vinculada a la fiscalización migratoria bajo esta administración, y organizaciones como LULAC insisten en que no se trata de incidentes aislados sino de un patrón. La decisión de México de pasar a la vía penal —por simbólica que sea su falta de fuerza vinculante— envía un mensaje directo a millones de mexicanos en Estados Unidos: su gobierno de origen está dispuesto a usar canales legales formales, no solo diplomáticos, para exigir cuentas. Esto ocurre, además, en un momento de tensión bilateral ya elevada por los aranceles comerciales impuestos por Washington, lo que añade una capa adicional de fricción a una relación que Ciudad de México intentaba mantener funcional pese a las diferencias.

Lo que queda por ver es si esta presión legal, sumada a la creciente cobertura mediática que ha comenzado a cuestionar con más escepticismo las versiones oficiales de ICE sobre estos incidentes, se traduce en algún tipo de acción concreta por parte de fiscalías estatales o del Departamento de Justicia —algo que, hasta ahora, no ha ocurrido en ninguno de los casos similares registrados en Minneapolis o Texas.