[[REEMPLAZAR-IMAGEN: foto genérica de una calle de La Habana de noche o de un apagón en Cuba — buscar imagen libre de derechos con crédito]]

Desde que Estados Unidos impuso aranceles a cualquier país que le venda petróleo a Cuba, la isla ha visto cortar entre el 80% y el 90% de sus importaciones de crudo. El resultado, según reportes de medios cubanos e independientes, son apagones que en algunas zonas del país llegan a durar 24 horas seguidas. La discusión pública sobre este tema suele quedarse en el terreno diplomático: quién tiene la razón entre Washington y La Habana, si las sanciones son una herramienta legítima de presión política o un castigo colectivo. Esa discusión es importante, pero deja fuera la parte más urgente de la historia: qué significa, en términos muy concretos, vivir sin electricidad de manera sostenida.

Un apagón de 24 horas no es simplemente una casa a oscuras. Es un hospital que depende de plantas eléctricas de respaldo con combustible cada vez más escaso para mantener funcionando equipos de cuidados intensivos, incubadoras o máquinas de diálisis. Es comida que se daña en refrigeradores que llevan horas sin funcionar, en un país donde conseguir alimentos ya era una tarea difícil antes de esta crisis energética. Es agua potable que, en muchas zonas urbanas, depende de bombas eléctricas para llegar a los hogares, lo que convierte un corte de luz prolongado también en un corte de agua.

Este es el tipo de consecuencia que rara vez aparece en los titulares centrados en la escalada diplomática entre los dos países, pero que determina la vida diaria de millones de cubanos que no tienen ninguna influencia sobre las decisiones que se toman ni en Washington ni en La Habana. Mientras el canciller cubano advierte sobre las consecuencias de una posible confrontación militar y la Casa Blanca mantiene la presión económica como estrategia declarada, son los hospitales, las familias con niños pequeños y los adultos mayores con condiciones médicas quienes absorben el costo inmediato de esa disputa geopolítica.

Vale la pena señalar que esta no es la primera vez que Cuba enfrenta una crisis energética severa —la isla ya atravesó apagones prolongados en años anteriores por fallas en su envejecida infraestructura eléctrica, agravadas por huracanes y falta de mantenimiento—. Lo que cambia esta vez es que el desencadenante no es un fenómeno natural ni solo un problema de infraestructura interna, sino una decisión de política exterior explícita, lo que convierte cualquier posible alivio en un asunto que depende, en gran medida, de cómo evolucione la relación bilateral en las próximas semanas.

Para la numerosa comunidad cubana en Estados Unidos, esta crisis energética se traduce en algo muy concreto: más llamadas de familiares preguntando por generadores, medicinas y baterías, y más presión sobre las redes de envío de remesas y paquetes que ya venían sosteniendo buena parte de la economía doméstica cubana. Sea cual sea el desenlace de la disputa diplomática, la factura de los apagones la sigue pagando, todos los días, la población que menos capacidad tiene de influir en las decisiones que la generan.