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La administración Trump está en conversaciones para que el gobierno de Estados Unidos obtenga una participación del 5% en OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, según reportó el Financial Times esta semana. Se trata de una cifra puntual sobre una negociación que todavía no se ha cerrado, pero que ya genera una pregunta de fondo mucho más importante que el porcentaje exacto: ¿qué significa que el gobierno de Estados Unidos pase de regular a la industria de la inteligencia artificial a convertirse, directamente, en accionista de una de sus empresas más influyentes?
Hasta ahora, la relación entre Washington y las grandes compañías de IA se había limitado, en gran medida, a un rol regulatorio y de política industrial: incentivos fiscales, control de exportaciones de chips avanzados hacia rivales geopolíticos, y debates sobre seguridad nacional vinculados al desarrollo de modelos cada vez más potentes. Una participación accionaria directa del gobierno en OpenAI —si se concreta— sería un paso cualitativamente distinto, con precedentes limitados en la historia económica reciente de Estados Unidos fuera de rescates financieros de emergencia, como ocurrió con la banca en 2008 o la industria automotriz poco después.
¿Por qué es esto relevante para alguien que no invierte en tecnología? Porque OpenAI ya no es simplemente una empresa de software: sus modelos se están integrando en sistemas usados por gobiernos, universidades, hospitales y empresas en todo el mundo, incluido buena parte de América Latina. Una participación del gobierno estadounidense en su capital abriría preguntas legítimas sobre independencia editorial y tecnológica: ¿debería un gobierno tener incentivos financieros directos en el éxito de la empresa que produce una de las herramientas de información más usadas del planeta? ¿Cambiaría eso la forma en que esa tecnología se despliega, se exporta o se restringe hacia otros países?
También hay una dimensión de competencia geopolítica detrás de esta posible movida. Estados Unidos compite abiertamente con China por el liderazgo en inteligencia artificial, y una participación estatal en una empresa como OpenAI podría interpretarse como una forma de asegurar que el desarrollo de esta tecnología crítica permanezca alineado con los intereses estratégicos del país, de manera similar a como otros gobiernos han tratado a sectores considerados de seguridad nacional, como la energía o las telecomunicaciones.
Todavía no hay confirmación oficial de los términos de este acuerdo, ni de si realmente se concretará. Pero el solo hecho de que esté sobre la mesa —reportado por un medio de la seriedad del Financial Times— es una señal de hacia dónde se dirige la relación entre gobiernos y las empresas que controlan la infraestructura de la inteligencia artificial: cada vez menos hacia la simple regulación desde afuera, y cada vez más hacia una integración directa que va a obligar a repensar viejas categorías sobre dónde termina el sector público y dónde empieza el privado.