[[REEMPLAZAR-IMAGEN: diseño propio — fuente original: foto de trabajadores agrícolas cosechando fresas en Oxnard, California, crédito Mario Tama/Getty Images, referenciada en cobertura de NPR]]

En medio de una ofensiva migratoria que la administración Trump ha convertido en el eje central de su segundo mandato, republicanos del Congreso comenzaron esta semana a negociar abiertamente la primera reforma estatutaria a la visa H-2A desde que el programa se creó bajo la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986. El representante Glenn “GT” Thompson, presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, presentó la Securing Agriculture’s Workforce Act (SAWA), un proyecto que busca modernizar el sistema de visas para trabajadores agrícolas temporales, del que dependen de forma directa cientos de miles de familias mexicanas y centroamericanas.

La reforma tiene dos componentes centrales. El primero es una ampliación del acceso: por primera vez, operaciones que requieren mano de obra todo el año —como granjas lecheras y ganaderas— podrían usar el programa H-2A, del que históricamente quedaban excluidas por estar diseñado solo para trabajo estacional. El segundo, mucho más significativo en el contexto político actual, es un mecanismo que permitiría a trabajadores agrícolas indocumentados que ya están trabajando en el país transicionar legalmente hacia el estatus H-2A, siempre que pasen una verificación de antecedentes y una entrevista presencial. El proyecto es explícito en un punto: no ofrece ningún camino hacia la ciudadanía, mantiene el estatus H-2A como no inmigrante, y prohíbe el acceso a beneficios públicos como Medicaid o asistencia alimenticia para quienes se acojan a él.

El uso del programa H-2A ya venía creciendo con fuerza antes de esta propuesta: pasó de 62,743 visas certificadas en 2012 a casi 400,000 en 2025, un salto de más del 500%, impulsado en parte por la escasez de mano de obra y en parte por el temor de trabajadores indocumentados ante una fiscalización migratoria más agresiva. Florida es, con diferencia, el estado que más depende del programa, seguido de Georgia, California, Washington y Carolina del Norte —esos cinco estados concentran más de la mitad de todas las certificaciones H-2A del país. La Federación Americana de Oficinas Agrícolas y decenas de agricultores, entre ellos productores de lácteos, arándanos, manzanas y duraznos, respaldaron públicamente la propuesta esta semana.

Por qué esto importa más allá del debate agrícola: es uno de los pocos puntos donde la propia coalición republicana reconoce, de forma explícita, que la fiscalización migratoria tiene un costo económico que no puede ignorar indefinidamente. El propio Thompson lo planteó en esos términos al presentar el proyecto: no hay mayor amenaza a la seguridad nacional que una disrupción en el suministro de alimentos del país. La Cámara de Comercio de Estados Unidos respaldó el argumento citando proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre una población en edad de trabajar en contracción. Aun así, la propuesta enfrenta obstáculos serios: cualquier cambio relacionado con visas debe pasar primero por el Comité Judicial de la Cámara, no por el de Agricultura, y tanto sindicatos como sectores conservadores del propio partido rechazan por razones opuestas cualquier mecanismo que legalice, aunque sea parcialmente, a trabajadores actualmente indocumentados.

Para las familias que dependen de este tipo de trabajo —la mayoría de los trabajadores H-2A provienen de México— la propuesta representa, en el mejor de los casos, un respiro parcial y no una solución migratoria completa: seguridad laboral sin estatus permanente, y una vía legal que depende de que el Comité Judicial, más enfocado en la fiscalización que en la reforma, decida siquiera darle trámite.