[[REEMPLAZAR-IMAGEN: foto genérica del edificio de la Corte Penal Internacional en La Haya — buscar imagen libre de derechos]]

El Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, prometió esta semana “una respuesta de todo el gobierno para desactivar sistemáticamente” la capacidad operativa de la Corte Penal Internacional, en la escalada más agresiva que Washington ha lanzado contra el tribunal con sede en La Haya desde su creación en 2002. En un mensaje en video, Rubio elevó el tono retórico de manera notable: acusó a la Corte de “librar una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de la llamada ley internacional”, y advirtió que “si creen que pueden despojarnos de nuestra soberanía, les enseñaremos el significado completo de la determinación estadounidense”.

Estados Unidos nunca ha sido miembro de la Corte Penal Internacional —al igual que China, Rusia e Israel—, pero hasta ahora su postura había sido de distancia formal, no de confrontación activa para incapacitar al tribunal. Ese cambio de una postura de no reconocimiento a una de desmantelamiento deliberado es lo que convierte este episodio en algo cualitativamente distinto: “desactivar sistemáticamente” implica, según el propio lenguaje del comunicado, una estrategia coordinada entre múltiples agencias del gobierno estadounidense —no solo el Departamento de Estado— orientada específicamente a limitar la capacidad operativa del tribunal, más allá de la simple negativa a cooperar con sus investigaciones.

El contexto inmediato detrás de esta escalada tiene que ver con las propias operaciones militares y de captura que Estados Unidos ha llevado adelante este año en Venezuela e Irán, ambas con métodos —capturas extraterritoriales, ataques dirigidos contra líderes de otros países— que históricamente han sido precisamente el tipo de acción que la Corte Penal Internacional investiga cuando las cometen otros gobiernos. Washington ya había impuesto sanciones a jueces y fiscales de la Corte en años anteriores por investigaciones relacionadas con Afganistán e Israel; la novedad ahora es que esa presión se combina con un año en el que la propia actividad militar y de inteligencia estadounidense en el exterior se ha intensificado de manera considerable, lo que eleva el riesgo percibido en Washington de que la Corte eventualmente dirija su atención hacia esas mismas operaciones.

La Corte Penal Internacional, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, tiene competencia para juzgar a individuos —no solo a Estados— por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, lo que la convierte en un instrumento con el potencial teórico de investigar a funcionarios estadounidenses de manera personal si se determinara que existen bases para hacerlo. Esa es, en el fondo, la amenaza que Washington busca neutralizar de manera preventiva: no una investigación ya en curso contra Estados Unidos, sino la posibilidad estructural de que el tribunal algún día tenga la capacidad de abrir una.

Para cualquier persona fuera del círculo del derecho internacional, esta disputa importa porque toca un principio que trasciende la política exterior estadounidense: la existencia de mecanismos internacionales capaces de investigar violaciones graves a los derechos humanos, sin importar qué país las cometa. Un tribunal deliberadamente debilitado por la potencia más poderosa del mundo tiene menos capacidad real de investigar a cualquier otro actor —incluidos gobiernos autoritarios en América Latina, Medio Oriente o cualquier otra región— que hasta ahora podían, al menos en teoría, temer una eventual rendición de cuentas ante ese mismo tribunal.