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La muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston el pasado 8 de julio elevó a seis el número de ciudadanos mexicanos que han fallecido bajo custodia o durante operativos de ICE en lo que va de 2026, según un recuento de Univision Noticias. Cada caso, cubierto por separado en el momento en que ocurrió, tiende a leerse como un incidente aislado con sus propias circunstancias. Puestos uno al lado del otro, sin embargo, dibujan algo distinto: un patrón de causas de muerte que se repite con una regularidad que ninguna cobertura individual logra transmitir.

Héber Sánchez Domínguez, de 34 años y originario de Veracruz, murió en enero bajo custodia en Georgia; ICE lo reportó como suicidio, su familia sostiene que hubo negligencia médica. Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, falleció en Adelanto, California, tras ser detenido el 9 de enero. Royer Pérez-Jiménez, de apenas 19 años, murió el 16 de marzo en un centro de detención de Florida —el mexicano más joven fallecido bajo custodia migratoria desde el regreso de Trump a la Casa Blanca—, también catalogado como suicidio por la agencia. José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años, fue encontrado sin vida en su celda de Adelanto el 25 de marzo; padecía diabetes e hipertensión. Alejandro Cabrera, con más de 25 años viviendo en Estados Unidos, murió tras un disparo durante un operativo en Houston. Y ahora Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años y 35 años de residencia en el país, muerto por disparos de un agente que ni siquiera lo buscaba a él.

De estos seis casos, cinco fueron confirmados oficialmente por el Departamento de Seguridad Nacional como muertes bajo custodia de ICE; el de Salgado Araujo no figura en ese registro porque ocurrió durante el propio operativo de detención, antes de que la custodia formal comenzara. Esa distinción técnica —custodia versus operativo— importa para las estadísticas oficiales, pero no cambia nada para las familias que perdieron a alguien. Ampliando el marco temporal más allá de este año, organizaciones que dan seguimiento al tema han documentado hasta 17 muertes de mexicanos vinculadas a ICE desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025, con causas que van desde complicaciones médicas no atendidas a tiempo hasta caídas durante persecuciones y disparos directos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya anunció que su gobierno impulsará “medidas jurídicas más importantes” para atender estos casos, incluida la participación de México en demandas colectivas ante tribunales estadounidenses y la presentación de expedientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un giro significativo: durante meses, la respuesta mexicana se limitó a notas diplomáticas de protesta —14 comunicaciones formales, según cifras de la propia Cancillería— sin que ninguna derivara en consecuencias legales concretas. La escalada hacia tribunales, más que la diplomacia, sugiere que Ciudad de México considera agotada la vía de la protesta formal.

Para las familias mexicanas e hispanas en Estados Unidos, ver estos seis casos como una lista en lugar de como titulares aislados cambia la pregunta que vale la pena hacerse: ya no es “qué pasó en este caso específico”, sino “qué tan probable es que, dentro de un proceso migratorio que hoy involucra a millones de personas, una de las variables que determine si alguien vive o muere sea, simplemente, qué tan bien documentado quede su caso una vez que ya no está aquí para contarlo”.