[[REEMPLAZAR-IMAGEN: foto genérica del Departamento de Estado de EE.UU. o de un pozo petrolero venezolano — buscar imagen libre de derechos]]

Una investigación de The New York Times reveló que el secretario de Estado Marco Rubio se ha convertido en el “virrey de facto” de Venezuela, controlando de manera efectiva las finanzas del país, la distribución de sus recursos naturales y el funcionamiento de su gobierno interino. El rol informal de Rubio comenzó después de que fuerzas estadounidenses atacaran Venezuela en enero y capturaran al entonces presidente Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación que dejó al gobierno interino de Delcy Rodríguez dependiendo, en la práctica, de decisiones tomadas en Washington.

La palabra “virrey” no es una elección casual de los periodistas que firmaron la investigación: describe con precisión el tipo de autoridad que normalmente ejercería un gobierno colonial sobre un territorio, no la relación diplomática habitual entre dos países soberanos. Que un medio como The New York Times use ese término para describir el papel de un secretario de Estado estadounidense sobre un país latinoamericano es, en sí mismo, una señal de la magnitud del control que la investigación documenta: no se trata de asesoría técnica ni de condicionalidad financiera estándar —el tipo de influencia que organismos como el FMI ejercen habitualmente sobre economías en crisis—, sino de un control directo sobre decisiones que, en cualquier otra circunstancia, corresponderían exclusivamente a las autoridades venezolanas.

Ese nivel de involucramiento ayuda a explicar varios episodios que hemos venido documentando semana tras semana desde el terremoto de junio: la reunión del Comando Sur directamente con Delcy Rodríguez para coordinar la ayuda humanitaria, el puente aéreo de Amazon coordinado con el Departamento de Estado, la asistencia financiera estadounidense que ya supera los 386 millones de dólares, y hasta el propio bloqueo al regreso de María Corina Machado al país, que según reportes previos fue una decisión en la que Washington tuvo un peso directo. Cada uno de esos episodios, leído de manera aislada, podía interpretarse como cooperación puntual. Vistos ahora a la luz de esta investigación, se leen como piezas de una estructura de control mucho más amplia y sostenida.

Para el gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez, esta revelación complica todavía más una legitimidad que ya venía erosionada por el manejo de la crisis del terremoto y las acusaciones de corrupción en la distribución de ayuda. Si la percepción pública, tanto dentro de Venezuela como en la región, se consolida en torno a la idea de que las decisiones reales se toman en Washington y no en Caracas, eso alimenta directamente el tipo de narrativa que sectores nacionalistas y críticos del gobierno interino —incluidos algunos que en otro contexto podrían ser aliados naturales de una transición democrática— pueden usar para cuestionar la legitimidad de todo el proceso político en curso.

Para la diáspora venezolana, el dato importa por una razón muy práctica: entender quién toma realmente las decisiones que afectan el futuro del país ayuda a calibrar hacia dónde dirigir la atención y la presión política. Si Rubio ejerce hoy el nivel de control que describe esta investigación, entonces buena parte de las decisiones sobre el ritmo de la reconstrucción, el manejo de los recursos petroleros y el cronograma hacia una eventual transición electoral no dependen únicamente de lo que ocurra en Caracas, sino de las prioridades y los tiempos políticos de Washington, algo que la propia Casa Blanca ya había insinuado semanas atrás al hablar de una transición calculada para 2027 o 2028, no antes.