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Un grupo específico de venezolanos en Estados Unidos todavía conserva el Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente, gracias a una orden judicial de mayo de 2025 que protegió a quienes recibieron documentación de TPS —un permiso de trabajo (EAD), un formulario I-797 o un I-94— con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026, siempre que ese documento se haya emitido antes del 5 de febrero de 2025. Para el resto de los aproximadamente 600.000 venezolanos que en algún momento tuvieron esta protección, el TPS ya terminó, tras dos decisiones de emergencia de la Corte Suprema que permitieron a la administración Trump avanzar con la cancelación mientras el litigio de fondo sigue abierto.
La Corte Suprema escuchó en abril los argumentos orales de dos casos —uno sobre el TPS de Haití, otro sobre el de Siria— cuyo fallo, esperado para finales de junio o los primeros días de julio, no trata directamente sobre Venezuela, pero establece un precedente que sí la afecta de manera directa: si la Corte determina que el Poder Ejecutivo tiene autoridad amplia para terminar el TPS sin que los tribunales puedan revisar esa decisión a fondo, esa misma lógica se aplicaría al caso venezolano, reduciendo todavía más las probabilidades de que la protección vigente hasta octubre se extienda o se restaure para quienes ya la perdieron.
¿Cómo saber si usted está dentro del grupo que todavía conserva protección? La revisión es sencilla y conviene hacerla ahora mismo: si su documento de autorización de empleo, su I-797 o su I-94 tiene como fecha de vencimiento el 2 de octubre de 2026, y fue emitido antes del 5 de febrero de 2025, su TPS sigue vigente por ahora. Si su documento tiene una fecha distinta, o si no recibió una extensión automática hasta esa fecha, es probable que su protección ya haya terminado, incluso si usted no ha recibido ninguna notificación formal al respecto —una de las quejas más repetidas por abogados de inmigración durante todo este proceso.
Organizaciones como la National TPS Alliance y la ACLU han calificado el manejo judicial de este caso como uno de los episodios más inusuales del sistema legal migratorio reciente: dos tribunales inferiores —un juez de distrito y un panel del Noveno Circuito— han fallado, con razonamientos extensos y fundamentados, que la cancelación del TPS venezolano es ilegal, y ninguna de esas dos decisiones ha tenido efecto práctico, porque la Corte Suprema las suspendió a través de órdenes de emergencia de apenas unos párrafos, sin explicar en detalle su razonamiento. La jueza Ketanji Brown Jackson llegó a describir este patrón como una “interferencia repetida, gratuita y perjudicial” en casos donde hay vidas humanas en juego.
Para quienes todavía conservan protección hasta octubre, la recomendación práctica de abogados especializados es clara: usar el tiempo que queda para explorar cualquier vía adicional de regularización migratoria —asilo, ajuste de estatus por vínculo familiar, u otras protecciones para las que pueda calificar— en lugar de asumir que la fecha de octubre se va a extender automáticamente. Con el terremoto de junio agravando las condiciones humanitarias en Venezuela y la Corte Suprema mostrando una tendencia consistente a favorecer la autoridad ejecutiva en estos casos, la ventana para actuar con tiempo, en lugar de reaccionar bajo presión en septiembre, se está reduciendo cada semana que pasa.