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El presidente Trump indultó a 11 personas el 3 de julio, según confirmó la Casa Blanca a CNN: nueve de ellas condenadas por violar la Ley de Aire Limpio al manipular sistemas de monitoreo de emisiones vehiculares, y una décima, Adam Kidan, exsocio comercial del desacreditado lobista Jack Abramoff, condenado en 2005 por fraude y conspiración relacionados con la compra de una flota de barcos casino. Trump enmarcó los indultos vinculados a emisiones como una liberación de personas que, según él, fueron “perseguidas por la administración Biden” por simplemente “arreglar sus coches”.
El caso de Kidan es el que más contexto merece, porque su indulto no ocurre en el vacío: apenas unos meses antes de recibirlo, había ayudado a organizar una recaudación de fondos en Mar-a-Lago para un candidato republicano al Congreso en el área de Long Island. Esa secuencia —participación en actividades de recaudación cercanas al círculo presidencial, seguida de un indulto sobre una condena de dos décadas atrás— es exactamente el tipo de patrón que organizaciones de transparencia gubernamental han señalado repetidamente durante el actual mandato: un proceso de clemencia presidencial que, según ha reportado CNN, opera con una frecuencia histórica y con un pequeño círculo de asesores cercanos evaluando cada caso, entre ellos la jefa de gabinete Susie Wiles y el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin.
En cuanto a los indultos por infracciones ambientales, llegan apenas días después de que Trump firmara un memorando instruyendo a la Agencia de Protección Ambiental a permitir que los estadounidenses reparen sus propios vehículos “como consideren necesario”, una medida que también busca anular la facultad de la Junta de Recursos del Aire de California para evaluar piezas que afectan las emisiones vehiculares. Es decir, los indultos no son un hecho aislado: forman parte de un giro regulatorio más amplio hacia una interpretación más laxa de los controles de emisiones automotrices, que empata con una agenda de desregulación ambiental sostenida durante todo el mandato.
¿Por qué debería importarle esto a alguien fuera del sector automotor? Porque los sistemas de control de emisiones que estas personas fueron condenadas por desactivar existen precisamente para reducir la contaminación del aire que respira la población en general, no solo para cumplir un requisito administrativo. Facilitar, a través de indultos y cambios regulatorios, que más vehículos circulen sin esos controles tiene un impacto directo en la calidad del aire de las ciudades, un efecto que suele golpear con más fuerza a comunidades de bajos ingresos que viven cerca de corredores de tráfico pesado, con mayor prevalencia de asma y otras afecciones respiratorias documentadas por estudios de salud ambiental.
El patrón combinado —indultos que favorecen a personas con vínculos de recaudación política, junto con cambios regulatorios que benefician a la misma industria afectada por esas condenas— es, para especialistas en ética gubernamental, uno de los ejemplos más claros de cómo el poder de indulto presidencial, diseñado originalmente como un mecanismo de justicia excepcional, puede terminar funcionando como una herramienta de política industrial y lealtad política combinadas.