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La Ley de Vivienda del Siglo XXI (21st Century ROAD to Housing Act) entró en vigor la madrugada del sábado 11 de julio, convirtiéndose automáticamente en ley según establece la Constitución, después de que Trump decidiera no firmarla ni vetarla. Es, según sus propios impulsores bipartidistas, la reforma de vivienda más integral en al menos tres décadas, y llega en el peor momento posible para dejarla pasar sin apoyo presidencial: el precio mediano de una vivienda usada alcanzó en junio un récord histórico de 440.600 dólares, con las ventas cayendo 2,4% frente a mayo.

La razón detrás de la negativa de Trump a firmar no tiene relación con el contenido de la ley: la usó como moneda de cambio para presionar al Senado a aprobar la Ley SAVE America, una medida de identificación de votantes que no logró reunir los votos necesarios. Trump había cancelado una ceremonia de firma un mes antes, calificando el proyecto de “un gran bostezo” y considerándolo “de menor importancia en comparación con la bajada de los tipos de interés”. La secretaria de prensa Karoline Leavitt lo había descrito, apenas semanas antes de ese giro, como “una de las leyes más importantes sobre asequibilidad de la vivienda en la historia de Estados Unidos”.

Independientemente de la disputa política que rodeó su firma, la ley combina 47 propuestas distintas orientadas a atacar el problema desde el lado de la oferta, que la mayoría de los especialistas en vivienda coinciden en señalar como la causa raíz de la crisis actual. Entre sus disposiciones concretas: incentivos para la construcción de viviendas prefabricadas, autorización para convertir edificios de oficinas vacíos en apartamentos, un programa piloto de subvenciones y préstamos condonables para reparar viviendas antiguas en mal estado, restricciones a grandes fondos de inversión que compran miles de casas unifamiliares para arrendarlas —una práctica señalada como factor de encarecimiento en varios mercados—, e incentivos para que estados y gobiernos locales flexibilicen sus propias normas de zonificación, la barrera que expertos como los de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda identifican como el obstáculo más persistente para aumentar la oferta.

La propia economista jefe de Redfin, Daryl Fairweather, fue clara sobre las expectativas realistas: “Necesitamos que se construyan más viviendas, y una legislación que elimine las barreras a la construcción es exactamente lo que el mercado requiere en este momento”, pero advirtió que “los compradores que esperaban un alivio tendrán que esperar aún más” antes de ver resultados tangibles en precios, ya que los efectos de este tipo de reforma tardan años en reflejarse en el mercado.

Para las familias hispanas, que según datos citados por El Diario NY se encuentran entre los grupos con menor tasa de propiedad de vivienda y mayores dificultades para acceder a crédito hipotecario, esta ley importa de manera directa aunque no inmediata: no va a bajar el precio de una casa este año, pero si logra su objetivo declarado de aumentar la oferta disponible en los próximos años, podría representar la primera intervención federal de fondo en tres décadas contra un problema que hoy excluye a millones de familias de la posibilidad de comprar una vivienda propia, sin importar cuánto ahorren o cuánto trabajen.