[[REEMPLAZAR-IMAGEN: foto genérica de un tribunal de inmigración o pasillo de corte federal — buscar imagen libre de derechos]]
Un juez federal bloqueó la política de la administración Trump que permitía a agentes de ICE realizar arrestos dentro de los propios tribunales de inmigración en todo el país. Durante meses, esta práctica generó un fenómeno documentado por abogados de inmigración: personas que preferían no presentarse a sus citas judiciales programadas, por miedo a ser detenidas al salir de la sala, aunque no presentarse pudiera implicar una orden de deportación en ausencia. El fallo de esta semana busca revertir exactamente esa dinámica.
La importancia de esta decisión no está tanto en el tecnicismo legal —si ICE puede o no operar dentro de un edificio judicial— sino en lo que esa práctica había generado en la práctica: una paradoja cruel donde el lugar diseñado para que alguien ejerza su derecho a defender su caso migratorio se había convertido, para muchos, en el lugar más peligroso al que podían acudir. Abogados de inmigración documentaron durante meses casos de personas detenidas por agentes de ICE inmediatamente después de salir de una audiencia, en ocasiones el mismo día en que un juez había fallado a su favor o había programado una próxima cita.
Ese patrón tenía un efecto medible: reducía la disposición de las personas a presentarse voluntariamente ante el sistema judicial migratorio, precisamente el comportamiento que ese sistema necesita para funcionar. Un tribunal de inmigración depende de que las personas se presenten a sus citas para poder resolver sus casos, ya sea que el resultado final sea favorable o no. Si el temor a ser arrestado en el propio edificio judicial empuja a la gente a no presentarse, el sistema se vuelve, paradójicamente, menos capaz de procesar los casos que se supone debe resolver, y termina generando más órdenes de deportación en ausencia, no menos.
Este fallo se suma a otras decisiones judiciales recientes que han puesto límites a distintas estrategias de aplicación de la ley migratoria de esta administración, aunque en paralelo un tribunal de apelaciones autorizó, en las últimas semanas, ampliar el uso de la expulsión acelerada a nivel nacional. Es un panorama legal que cambia de manera casi semanal, lo que en la práctica genera una enorme incertidumbre para las personas que deben tomar decisiones concretas —como si presentarse o no a una cita judicial— basándose en reglas que pueden modificarse de un fallo a otro.
Para las comunidades inmigrantes, la implicación inmediata de este fallo es que, al menos por ahora, acudir a una cita en un tribunal de inmigración vuelve a ser, en teoría, un espacio protegido frente a un arresto de ICE dentro del propio edificio. Eso no elimina el riesgo de que ocurra en otros contextos, ni garantiza que la decisión no sea apelada o revertida más adelante, pero sí representa, para quienes tienen procesos migratorios abiertos, un motivo concreto para no evitar el sistema judicial que, en última instancia, es el que puede definir su futuro en el país.