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Una jueza federal de Florida determinó en una resolución contundente que la demanda de 10.000 millones de dólares que Trump presentó contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) fue interpuesta “para un propósito indebido”: obtener una apariencia de legitimidad judicial para un acuerdo extrajudicial que, en palabras de la propia jueza Kathleen Williams, “no tenía base viable en la ley ni en los hechos”. Williams remitió al abogado de Trump en el caso, Alejandro Brito, al Colegio de Abogados de Florida para que evalúe posibles sanciones disciplinarias, y ordenó que copias de su fallo se envíen también a los colegios de abogados de Nueva York y Washington D.C.

El origen de la demanda se remonta a enero, cuando Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, y la Organización Trump demandaron al IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos a manos de un contratista de la agencia, quien ya se había declarado culpable de ese hecho en 2023. Lo que convirtió esta demanda en un problema legal mucho más serio fue lo que ocurrió después: el Departamento de Justicia, dirigido por el exabogado personal de Trump, Todd Blanche, negoció un acuerdo extrajudicial que no solo resolvía la demanda, sino que además otorgaba a Trump y su familia inmunidad efectiva frente a auditorías, investigaciones o acciones regulatorias del IRS por cualquier declaración de impuestos presentada hasta la fecha del acuerdo.

La jueza Williams fue explícita sobre por qué este arreglo no puede sostenerse legalmente: Trump, como presidente, ejerce control directo sobre el Departamento de Justicia, el Tesoro y el propio IRS, lo que significa que la demandante y los demandados nunca fueron realmente partes adversas en el sentido que exige cualquier proceso judicial legítimo. “No se puede obtener adversidad simplemente colocando las etiquetas de ‘demandante’ y ‘demandado’ a las partes”, escribió en su fallo de 56 páginas. Según su análisis, el verdadero objetivo de la maniobra fue usar el aparato judicial para blindar a Trump de futuras auditorías, algo que una ley federal prohíbe expresamente que el Poder Ejecutivo influya directamente.

El fallo llega en un momento políticamente delicado: apenas días antes de que Blanche —a quien Trump nominó para dirigir permanentemente el Departamento de Justicia— comparezca ante el Comité Judicial del Senado para su audiencia de confirmación. La jueza Williams señaló directamente el testimonio que Blanche había dado semanas atrás sobre por qué el acuerdo nunca se presentó ante ningún tribunal para su revisión, calificándolo de profundamente preocupante. El acuerdo original también contemplaba la creación de un “Fondo Antiarmamentización” de 1.776 millones de dólares, presentado como compensación para víctimas de supuesto uso politizado de la justicia, pero que generó fuerte rechazo en el Congreso —incluido entre sectores republicanos— y terminó siendo abandonado antes de este fallo.

Para cualquier ciudadano, este caso importa más allá de los detalles fiscales de una familia específica: expone un mecanismo con el que un presidente puede, en teoría, usar el propio aparato de justicia que dirige para protegerse a sí mismo de la supervisión que ese mismo aparato debería ejercer sobre cualquier contribuyente. La jueza fue clara al señalar que si Trump hubiera presentado esta demanda “de manera oportuna mientras era ciudadano privado”, el caso probablemente se habría resuelto en cuestión de meses por la vía normal. Que no lo hiciera hasta volver a ocupar la Casa Blanca, con sus propios abogados ya instalados en las posiciones clave del Departamento de Justicia, es precisamente el patrón que este fallo identifica como manipulación del proceso judicial, no como el ejercicio legítimo de un derecho legal.