El Parlamento venezolano instaló este lunes la comisión encargada de reformar la Ley contra el Odio, la norma que hemos venido documentando en esta serie desde que Delcy Rodríguez solicitó formalmente su revisión la semana pasada. El Legislativo informó la instalación a través de redes sociales, sin ofrecer mayores detalles.
El dato que cambia la dimensión de todo este debate
El mismo día, la organización Cecodap, dedicada a la protección de la infancia en Venezuela, reveló una cifra que no habíamos documentado hasta ahora: 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 por delitos previstos en esta ley, en el período marcado por la crisis poselectoral que siguió a la proclamada reelección de Maduro en 2024.
La denuncia específica de la ONG
Cecodap denunció que estos adolescentes fueron procesados sin las garantías mínimas previstas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). Es decir, más allá de la cifra en sí, la organización plantea que el propio procedimiento aplicado a estos casos no respetó los estándares legales mínimos que Venezuela se comprometió a garantizar para sus menores de edad.
Lo que piden ONG y partidos políticos: no reforma, derogación
Aquí está el punto central que conecta con nuestra cobertura del tema: diversas organizaciones y partidos políticos exigen derogar la norma, no simplemente reformarla, por considerar que viola la libertad de expresión en su propia esencia. Es exactamente la misma posición que documentamos en el programa de Kevin Rondón hace una semana, cuando se preguntó si la reforma parcial solicitada por Rodríguez era una solución real o simplemente “maquillaje”.
Por qué la reforma propuesta podría no ser suficiente
El contraste es directo: mientras el Parlamento avanza con una comisión para una reforma parcial de la ley, la evidencia que presenta Cecodap sugiere un problema estructural, no cosmético. Si 118 adolescentes fueron procesados sin garantías básicas bajo esta norma, ajustar algunos artículos específicos, sin cambiar el mecanismo que permitió ese uso sistemático contra menores, podría dejar intacta la posibilidad de que vuelva a ocurrir.
El origen de la ley, que vale la pena recordar
La norma fue aprobada tras una solicitud expresa del propio Maduro, con el objetivo declarado de combatir mensajes de “odio” que, según el oficialismo de entonces, habrían desatado las protestas que sacudieron al país entre abril y agosto de 2024. Es decir, nació explícitamente como una herramienta de respuesta a la disidencia política, el mismo origen que las organizaciones de derechos humanos señalan hoy como la raíz del problema.
Lo que sigue
Con la comisión ya instalada y trabajando en el proyecto de reforma, y con esta nueva cifra de Cecodap sumándose a la presión pública para una derogación completa, seguiremos de cerca si el resultado final de este proceso legislativo responde a las demandas de las organizaciones de derechos de la infancia, o si se limita, como advierten distintas voces, a un ajuste superficial que no resuelve el problema de fondo.