Nueve días después de que un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 sacudiera Venezuela, la ventana estadísticamente útil para encontrar sobrevivientes entre los escombros se cerró. Los equipos de rescate de más de 30 países que llegaron a trabajar contra el tiempo empiezan a replegarse, y lo que queda en su lugar no es alivio: es un enojo y una frustración que, según reportes de CNN desde el terreno, crecen cada día que pasa. Ese enojo no es solo por lo que el terremoto destruyó. Es, sobre todo, por lo que 27 años de un mismo poder no lograron reconstruir mucho antes de que la tierra volviera a temblar.

Un volcán que llevaba 27 años acumulando presión

Lo que se observa hoy en Vargas y La Guaira no es dolor puro por una catástrofe natural. Es dolor mezclado con una rabia que venía represada desde mucho antes del 24 de junio, y que el terremoto simplemente destapó. La politóloga Colette Capriles, de la Universidad Simón Bolívar, lo describió con una palabra que resume el sentimiento colectivo: los venezolanos se sienten “huérfanos”, conscientes de que su supervivencia depende únicamente de sí mismos, no de un Estado que hace tiempo dejó de estar presente para ellos. Los propios terremotos, dijo, no hicieron más que “metaforizar esa orfandad”.

Esa mezcla de resentimiento, dolor y rabia acumulada no se distribuye de manera pareja entre la tragedia y el gobierno: se concentra, con una precisión quirúrgica, sobre la gestión chavista. No es un enojo abstracto contra “la mala suerte” o contra la naturaleza. Es un enojo con nombre y con historia, dirigido a un poder que ha controlado el país desde 1999, el mismo año en que otra tragedia —el deslave de Vargas— ya había dejado entre 10.000 y 30.000 muertos en la misma región que hoy vuelve a estar bajo los escombros.

La comparación que nadie en Venezuela necesita explicar

Esa coincidencia geográfica y temporal es la que enciende la mecha. El chavismo llegó al poder apenas meses antes de la tragedia de Vargas de 1999, y desde entonces ha controlado, sin interrupción, la reconstrucción de esa misma zona. Se crearon organismos estatales completos para esa tarea —la Autoridad Única de Venezuela y Corpovargas—, con presidentes designados directamente por el Ejecutivo. Uno de sus primeros responsables terminó señalado por falta de transparencia y presunto enriquecimiento personal. Dos décadas después, según análisis periodísticos recientes, la mancha urbana de Vargas se había reconstruido en buena parte sobre las mismas zonas de riesgo que ya habían sido arrasadas en 1999.

El resultado, 27 años después, quedó expuesto en cuestión de segundos el 24 de junio: viviendas de la Gran Misión Vivienda, el programa insignia del chavismo presentado en 2021 por Nicolás Maduro como “milagro de Chávez”, se desmoronaron con los sismos. El director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Richard Casanova, describió esas construcciones públicas como “una historia de corrupción y construcciones de mala calidad”, levantadas en muchos casos sin supervisión, inspección ni cumplimiento de los códigos sísmicos correspondientes. Para millones de venezolanos, no hace falta que ningún analista se lo explique: la prueba está, literalmente, en el suelo de sus ciudades.

Por qué esto ya no es solo una tragedia natural, sino un problema político

Este resentimiento acumulado convierte lo que empezó como una catástrofe natural en algo con un peso político y social mucho mayor. La respuesta —descrita por observadores internacionales como lenta e ineficiente— dejó al descubierto, según análisis publicados esta semana, “la incompetencia y la insensatez” de un poder que sigue estando, en la práctica, bajo la órbita de los aliados de Maduro, seis meses después de su captura por parte de Estados Unidos. La legitimidad ya debilitada del gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez —profundamente impopular incluso antes del terremoto— se erosiona todavía más cada día que la reconstrucción no avanza y cada vez que aparece una nueva denuncia de corrupción, pillaje o represión en plena emergencia: hay reportes de policías sorprendidos saqueando un hotel colapsado en La Guaira, y de un joven citado a un cuartel después de denunciar el robo de un centro de acopio por parte de uniformados.

El caldo de cultivo que ni Estados Unidos puede controlar del todo

Aquí está la pieza que más debería preocupar a quienes siguen de cerca la región, incluido Washington. Estados Unidos ha condicionado buena parte del destino de Venezuela desde que sacó a Maduro del poder, apostando a una transición política gradual, calculada para finales de 2027 o 2028. Pero el enojo que hoy crece en las calles de Vargas y La Guaira no responde a los tiempos de ninguna cancillería ni a ningún cronograma diplomático. Es un sentimiento que se acumuló durante casi tres décadas y que ahora tiene, por primera vez, una prueba física e innegable de lo que denuncia: edificios enteros, construidos con dinero público durante el chavismo, deshechos como advierten quienes los estudiaron, “como castillos de arena”.

Analistas como Benigno Alarcón advierten que los propios venezolanos ya sabían, desde hace tiempo, que las instituciones del Estado estaban vaciadas de capacidad real, mucho antes de que el terremoto lo hiciera visible para el resto del mundo. Lo que cambia ahora es que ese conocimiento previo se combina con una pérdida reciente y masiva —de vidas, de vivienda, de certezas— en un país que además enfrenta una tarea de reconstrucción estimada entre 10.000 y casi 29.000 millones de dólares, según distintos cálculos, con un Estado que carece de la capacidad técnica, financiera e institucional para ejecutarla. Esa combinación —rabia acumulada, pérdida reciente y un Estado incapaz de responder— es precisamente la fórmula que ningún actor externo, ni siquiera uno con la influencia que hoy tiene Estados Unidos sobre Venezuela, puede garantizar que se mantenga contenida.