En el programa de hoy, Kevin Rondón abordó una pregunta que atraviesa cualquier conversación seria sobre la reactivación económica de Venezuela: ¿qué sentido tiene atraer inversión petrolera, minera o de cualquier otro sector, si el país no puede garantizar electricidad estable?
La tesis central: la luz como condición mínima, no como detalle técnico
El planteamiento del programa fue directo: que Venezuela tenga electricidad confiable no es un aspecto secundario dentro de las condiciones que buscan los inversionistas extranjeros, es una de las condiciones mínimas indispensables. Sin resolver ese punto, cualquier otro esfuerzo de atracción de capital, por mucho que se hable de reformas petroleras o mineras, se vuelve, en la práctica, muy difícil de sostener.
Las cifras reales que necesita el sistema
El sistema eléctrico venezolano requiere una inversión estimada entre 15,000 y 40,000 millones de dólares, según cálculos recogidos por la firma legal internacional Cleary Gottlieb en un análisis sobre la reforma eléctrica del país. Es un rango amplio, pero incluso en su extremo más bajo representa una cifra considerablemente superior a cualquier inversión puntual que se haya anunciado hasta ahora en el sector petrolero venezolano.
La magnitud del problema, en cifras de generación
En mayo de este año se registró un récord histórico de demanda eléctrica de 15,579 megavatios, la cifra más alta en nueve años, mientras el déficit de suministro ronda los 2,000 megavatios. Es decir, el sistema no solo arrastra un problema de infraestructura envejecida, sino una brecha creciente entre lo que el país necesita y lo que efectivamente puede generar.
La privatización, ya en marcha legislativa
Una de las alternativas centrales que se discutió en el programa, privatizar el sector, no es solo una idea en el aire: la Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera discusión, el pasado 2 de junio, una reforma que abriría por primera vez en casi 20 años la generación, transmisión y distribución eléctrica a la inversión privada, poniendo fin al monopolio que ha mantenido la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) desde la nacionalización del sector en 2007, bajo el gobierno de Hugo Chávez. La ley contempla concesiones de hasta 25 años, con posibilidad de extensión por 15 años adicionales.
Sincerar las tarifas: la otra pieza de la ecuación
El segundo punto que se discutió en el programa, sincerar el precio del consumo eléctrico para poder reinvertir, también forma parte explícita del propio proyecto de ley: el texto establece tarifas que reflejen el costo real de prestación del servicio, y que permitan a los operadores obtener una rentabilidad razonable sobre su inversión. Es un cambio profundo respecto al esquema actual, donde las tarifas eléctricas venezolanas han estado subsidiadas y desconectadas de los costos reales de generación durante años.
Lo que respalda la propia población, según una encuesta reciente
Vale la pena un dato que refuerza lo discutido en el programa: según un estudio de la firma Poder y Estrategia, 81% de la población venezolana respalda la entrada de capital privado al sector eléctrico, con 43% de los consultados a favor de una privatización completa, y 38% inclinado hacia una fórmula mixta entre el Estado y la iniciativa privada.
Por qué esto también es un problema para el propio sector petrolero
Existe además una conexión estratégica directa entre ambos sectores: perforar, bombear, comprimir y refinar hidrocarburos requiere electricidad confiable. Las propias autoridades venezolanas ya han empezado a exigir a las compañías energéticas que generen su propia electricidad para los nuevos proyectos de petróleo y gas, precisamente porque la red eléctrica nacional carece de la capacidad y fiabilidad necesarias para sostener el aumento de producción que se busca atraer.
El agravante de los terremotos de junio
La urgencia de esta reforma se intensificó después de los terremotos gemelos del 24 de junio, que provocaron apagones generalizados en todo el país, incluida la capital, Caracas, tradicionalmente más resguardada de estos cortes. Esos apagones llegaron a generar protestas contra el gobierno interino, según documentó en su momento el Financial Times.
Lo que queda pendiente
La reforma eléctrica aprobada en primera discusión todavía necesita una segunda y última votación para convertirse en ley. Con cifras de inversión que llegan hasta los 40,000 millones de dólares, y con la electricidad funcionando como condición previa para cualquier otro plan de reactivación económica, seguiremos de cerca si esta reforma avanza en las próximas semanas, y si logra atraer el capital que el sistema necesita con la urgencia que la propia crisis energética viene demostrando.