La Asamblea Nacional aprobó este jueves, por unanimidad y en primera discusión, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En el papel, suena a un paso hacia una justicia más independiente: el Comité de Postulaciones Judiciales, la instancia que filtra y propone a quienes terminan ocupando el máximo tribunal del país, pasaría de 21 a 23 miembros, y por primera vez la sociedad civil tendría mayoría sobre los diputados, con 12 puestos frente a 11. Pero antes de leer esto como una señal de apertura genuina, vale la pena hacer la pregunta que de verdad importa: ¿por qué el chavismo, que durante años controló ese comité con mayoría parlamentaria sin ningún problema, decide ahora ceder esa mayoría?

La respuesta no está en ningún cambio interno de convicciones. Está en la mesa de diálogo. Esta reforma nace directamente del acuerdo que la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, liderada por Dinorah Figuera, firmó el 12 de agosto con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, en una mesa que preside, por el lado oficialista, el propio Jorge Rodríguez. Y esa mesa existe, hay que decirlo con toda claridad, porque Estados Unidos la impuso como condición del proceso político que se abrió tras enero de este año. No es que el chavismo haya descubierto las virtudes de la independencia judicial. Es que hoy tiene que sentarse a negociar concesiones concretas, con plazos y con testigos internacionales, porque la alternativa —seguir sin ceder nada— tiene un costo que ya no puede pagar solo.

Esa distinción cambia por completo cómo hay que leer cada paso de esta reforma. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, lo explicó en términos casi administrativos: “el punto específico que proponemos tiene que ver con la estructura del comité de postulaciones. Como está establecida en la Ley Orgánica, dice que son 21 miembros, de los cuales 11 forman parte del Parlamento, y 10 miembros de la sociedad civil”. Habla de números y de artículos, no de justicia ni de independencia. Y es coherente que hable así, porque desde su posición esto no es una convicción, es un trámite que hay que cumplir para sostener la mesa.

Y aquí está el límite que no hay que perder de vista nunca: pese a que el comité de postulaciones gane mayoría civil, la decisión final sobre quién ocupa cada uno de los 32 cargos de magistrado sigue siendo, exclusivamente, de la misma Asamblea Nacional que hoy controla el chavismo, y que los propios legisladores describieron, sin ironía, como “debidamente vigente”. Es decir: se amplía quién propone, pero no cambia quién decide. El comité puede llenarse de académicos, abogados independientes y representantes de la sociedad civil, y aun así, al final, la última palabra la sigue teniendo el mismo bloque parlamentario de siempre. Eso no es un detalle técnico menor, es el corazón de por qué esta reforma merece escepticismo antes que celebración.

El abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, ya había planteado antes de esta sesión que el comité de postulaciones necesitaba mayoría civil, con criterios técnicos y públicos de evaluación. En ese sentido puntual, la reforma recoge lo que la sociedad civil venía pidiendo. Pero conviene no confundir que el chavismo haya aceptado un reclamo técnico específico, presionado por la mesa de diálogo y por quien la sostiene desde afuera, con que el chavismo haya decidido soltar el control real sobre la justicia venezolana. Son dos cosas completamente distintas, y solo el tiempo —viendo si esos 32 magistrados terminan siendo realmente independientes, o simplemente otra generación de fichas del mismo poder— nos va a decir cuál de las dos estamos presenciando hoy.