En el programa de esta mañana, Kevin Rondón abordó la solicitud que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, remitió el lunes a la Asamblea Nacional para reformar, con carácter de urgencia, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
La pregunta central del programa
El planteamiento de Kevin fue directo: ¿esta solicitud representa una reforma real, o es simplemente maquillaje? Su posición, expuesta durante el programa, fue clara: la ley debería derogarse por completo, no reformarse parcialmente.
Lo que Delcy Rodríguez pidió exactamente
Según el documento oficial, fechado el 28 de septiembre en Caracas, el Ejecutivo solicita una reforma parcial, no la derogación total de la norma. La comunicación plantea abrir “espacios de reencuentro social”, promover el respeto a la diversidad, y situar la dignidad humana en el centro de la legislación, enmarcado en lo que el gobierno resume con el eslogan “el renacimiento de Venezuela”.
La respuesta inmediata del Parlamento
Este martes, apenas un día después de la solicitud, la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, designó una comisión especial de once diputados encargada de redactar el proyecto de reforma, presidida por el primer vicepresidente del Legislativo, Pedro Infante. El propio presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó la conformación de la comisión durante la sesión.
El historial que explica por qué esta ley genera tanta desconfianza
La Ley contra el Odio fue aprobada el 8 de noviembre de 2017, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos desde enero. Contempla penas de hasta 20 años de prisión. Según la organización Espacio Público, solo en su primer año de vigencia se registraron 45 personas imputadas bajo esta norma, cifra que llegó a 85 hacia junio de 2023. Un reporte posterior de la misma organización, publicado en abril de este año, documentó más de 120 casos de vulneración a la libertad de expresión vinculados directamente a esta ley entre 2017 y 2024, aplicada sistemáticamente contra civiles disidentes, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Un antecedente que ya anticipaba este debate
En febrero de este año, el propio Jorge Rodríguez había admitido públicamente un “uso inadecuado” de la ley, y planteó la posibilidad de una reforma. Es decir, el reconocimiento del uso abusivo de la norma no es nuevo: lleva meses circulando dentro del propio oficialismo, sin que hasta ahora se haya traducido en un cambio concreto.
Por qué “parcial” es la palabra que genera más dudas
El propio planteamiento de Kevin durante el programa coincide con una lectura que ya circulaba en medios venezolanos ese mismo día: que prometer una reforma parcial, en lugar de derogar por completo una ley que la propia ciudadanía “nunca sintió que fuera contra el odio, sino todo lo contrario”, representa un paso a medias, no una solución de fondo. La distinción no es menor: una reforma parcial puede eliminar los aspectos más visibles o más criticados de la norma, sin necesariamente desmontar el mecanismo legal que permitió, durante casi una década, criminalizar la crítica y la disidencia.
Lo que hay que vigilar en las próximas semanas
Con la comisión de once diputados ya conformada y trabajando en la redacción del proyecto, la pregunta que planteó Kevin en el programa de hoy sigue sin respuesta definitiva: si el resultado final será una reforma sustantiva que efectivamente proteja la libertad de expresión, o si se limitará a ajustes cosméticos que dejen intacta la posibilidad de que la ley se siga usando como herramienta de presión política. Seguiremos de cerca el contenido del proyecto conforme la comisión avance en su redacción.