La renovación del Tribunal Supremo de Justicia, que el diálogo vende como uno de sus grandes avances, arrancó su fase pública con un dato que a mí me dejó frío: 17 de los 20 magistrados principales que hoy ocupan el TSJ se postularon para quedarse en el “nuevo”, según el conteo de Acceso a la Justicia que recoge El Diario. Los únicos tres que no aparecen son Inocencio Figueroa, Fanny Márquez y Lourdes Suárez. Desde hoy, sábado 21, y hasta el 5 de diciembre, cualquier ciudadano puede impugnar a los candidatos. Les explico qué hay en la lista y cómo se hace.
El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional publicó el viernes 20 la lista de 1.343 postulaciones, según Banca y Negocios y El Estímulo. El Diario precisa que corresponden a 1.128 personas, porque varias se anotaron a más de un cargo, y las reparte así: 1.066 para magistrado, 166 para la Inspectoría General de Tribunales y 111 para la dirección de la Escuela de la Magistratura. Ojo, que El Estímulo da otra cifra para magistrados (416), así que el desglose todavía no está claro; el total sí coincide en todas las fuentes. Se eligen 32 magistrados principales con sus suplentes, para un periodo único de 12 años.
Ahora, los nombres. En la lista está Caryslia Rodríguez, la actual presidenta del TSJ, que antes presidió la Sala Electoral y que, recuerda El Diario, fue electa concejal por el PSUV en 2017. Es la misma magistrada cuya Sala Electoral convalidó en agosto de 2024 la “victoria” que el CNE le adjudicó a Maduro sin mostrar las actas. También aparecen Tania D’Amelio, presidenta de la Sala Constitucional y rectora del CNE durante más de una década; Elías Bittar, primer vicepresidente del tribunal; José Luis Gutiérrez Parra, a quien la Sala Constitucional designó rector del CNE en 2020, y Luis Emilio Rondón, otro exrector del CNE. Y en el grupo de suplentes está Katherine Haringhton, exvicefiscal y exviceministra, que según la misma nota fue sancionada por EE.UU. en 2015 y por la Unión Europea en 2018. Rodrigo Diamanti, de Un Mundo Sin Mordaza, ya pidió impugnarla y la llamó “el brazo ejecutor de la Fiscalía para perseguir a la disidencia”.
El periodista Giuseppe Gangi, que armó la base de datos a partir de la información oficial del Parlamento, contó además 142 aspirantes con cargos en el Estado, 22 que fueron candidatos en las regionales y parlamentarias de 2025 y 68 que en 2026 quisieron ser fiscal general o defensor del pueblo, según El Diario. Ese es su registro; no lo he podido revisar nombre por nombre, así que lo presento como lo que es.
A mí lo que me llama la atención es el mensaje. Este TSJ es el que dejó sin poder a la Asamblea de 2015, el que ratificó la inhabilitación de María Corina Machado y el que certificó el fraude de 2024. Que casi todos sus magistrados se sientan con derecho a repetir dice mucho de cómo entienden ellos la “renovación”: cambiar el proceso para no cambiar a las personas. Postularse no es ser elegido, claro, y por eso la siguiente etapa importa tanto.
Ahí entra usted. El lapso de impugnaciones es de 15 días continuos, del 21 de noviembre al 5 de diciembre, según el artículo 71 de la Ley Orgánica del TSJ que cita El Diario. La impugnación se presenta por escrito, de forma personal y con prueba fehaciente ante el Comité de Postulaciones Judiciales; El Diario indica que se recibe en el Museo Boliviano, en la sede de la Asamblea Nacional en Caracas, de 9:00 a 16:00. No basta con decir que alguien es chavista: hay que demostrar que no cumple los requisitos de la Constitución y la ley, por ejemplo, con sentencias, sanciones o documentos públicos. Vencido el plazo, el comité tiene ocho días continuos para decidir si admite cada impugnación y notificar al candidato, que puede defenderse. Si usted está fuera de Venezuela, lo práctico es apoyar a las ONG y gremios de abogados que sí pueden ir en persona con los expedientes.
Hace un mes les escribí que, si nadie usaba esta ventana, después no valía quejarse de quién terminaba sentado en la Sala Constitucional. Sigo pensando lo mismo, pero hoy agrego otra cosa: la oposición está sentada en la mesa del diálogo que dio vida a este proceso, y el CNE, que es la llave de la fecha electoral, depende de que el TSJ salga bien. Si el “nuevo” tribunal termina con las mismas caras que validaron el fraude, ¿con qué confianza vamos a ir a votar cuando por fin haya elecciones?
