Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin firmaron el jueves 19 de noviembre en Shenzhen una «Declaración de los jefes de Estado de China, Rusia y Estados Unidos hacia la paz» con cuatro compromisos: reformar la ONU, aumentar el suministro de petróleo refinado, poner límites a la Corte Penal Internacional y reafirmar que una guerra nuclear no puede ganarse. Les adelanto lo que más me llamó la atención: el documento no trae fechas, cifras ni mecanismos de cumplimiento, y no nombra a Ucrania, a Irán, a Taiwán ni a Venezuela, según El Tribuno y El Comercio. Que no aparezca no quiere decir que no esté.
La reunión fue en la residencia Kylin Villa, al margen de la cumbre del APEC, y duró algo más de una hora. Trump la calificó de «12 sobre 10» y, según Reuters citada por El Tribuno, dijo que fue «más grande que Yalta». Yo hice esa misma comparación anoche en mi directo, pero con otra intención: después de la foto de Yalta vino la Guerra Fría.
El primer punto pide reformar la ONU para que responda «con mayor eficacia a los desafíos globales», según la traducción del texto que publicó DangDai. No dice qué reforma, y los tres firmantes son miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto, así que cuesta imaginar una reforma que les quite poder a ellos. El cuarto es el compromiso nuclear: una guerra atómica «no puede ganarse y nunca debe librarse», con un diálogo sobre reducción de riesgos y no proliferación, pero sin tratado nuevo ni números de ojivas.
El segundo punto es el que toca el bolsillo venezolano. Los tres dicen que planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados «para el beneficio de todas las naciones» y reafirman la importancia de los «flujos energéticos estables». Fíjense en la palabra refinados: gasolina, diésel, combustible de avión, justo lo que Venezuela no logra producir en cantidad suficiente con sus refinerías. Un día antes, en Caracas, Pete Hegseth había dicho que el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela vuelve al estrecho de Ormuz un «non-factor», un factor irrelevante, según Newsquawk, que de paso recordó que los volúmenes venezolanos cubren solo una fracción de lo que pasa por Ormuz. Lo que yo leo ahí es que el crudo venezolano ya está metido en el reparto como reserva de Washington para su hemisferio, y que los venezolanos seguimos sin ver el contrato. Lo contamos en la firma de Hegseth en Miraflores y en el acuerdo petrolero explicado.
El tercer punto es el que más me inquieta. La declaración dice que el consentimiento de los Estados y las inmunidades de los funcionarios estatales «son de suma importancia» y que la Corte Penal Internacional y organismos similares «no deben abusar de su jurisdicción». El Comercio lo lee como una crítica indirecta a la orden de arresto que la Corte dictó contra Putin en marzo de 2023, y El Tribuno aclara que el texto no anula esa orden ni cambia las competencias del tribunal. Ninguno de los tres países es parte del Estatuto de Roma: Estados Unidos nunca lo ratificó, Rusia retiró su firma en 2016 y China nunca firmó. Para nosotros pesa distinto, porque la Fiscalía de esa Corte abrió en 2021 una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y es una de las pocas puertas que les quedan a las víctimas de la represión. Cuando las tres potencias del mundo firman que las inmunidades de los funcionarios son «de suma importancia», el mensaje le llega también a quienes en Caracas esperan que nadie los juzgue nunca.
¿Y Venezuela, dónde queda? En el papel, en ninguna parte. En la práctica, en la columna de Estados Unidos, junto a Groenlandia, como pieza de la gran América del Norte que Trump dibuja. A mí la pregunta que me queda es si en ese reparto alguien se acordó de que la transición a la democracia, con elecciones libres y justicia para las víctimas, también estaba en la agenda. ¿Ustedes la vieron en algún renglón?
