El presidente Donald Trump anunció el viernes por la noche, a través de Truth Social, lo que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”: Estados Unidos aseguró el “control mayoritario” sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela. “Bajo mis instrucciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, trabajando estrechamente con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y mediante una alianza con empresas privadas, han asegurado el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”, escribió el mandatario.

La cifra es enorme, y la narrativa política que la rodea también. Pero antes de preguntarnos si esto es bueno o malo para Venezuela, vale la pena entender con precisión qué significa realmente cada número que Trump puso sobre la mesa, porque la estructura económica detrás de este anuncio es bastante más compleja que un simple titular.

Los 65,000 millones de barriles: 21% de las reservas totales de Venezuela

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con un total estimado de 303,000 millones de barriles. Los 65,000 millones que Trump reclama bajo “control mayoritario” de Estados Unidos representan, por tanto, alrededor del 21% de ese total, una porción significativa, pero lejos de ser la totalidad del recurso petrolero venezolano. Un funcionario estadounidense confirmó a The Hill que la presidenta interina Delcy Rodríguez otorgó a una empresa conjunta entre el gobierno de Estados Unidos y un operador privado no identificado concesiones por 100 años sobre campos petroleros que contienen 63,000 millones de barriles de reservas probadas, y que el gobierno de EE.UU. tendrá “más de la mitad del valor” de esa nueva compañía.

Es importante ser preciso aquí: no se trata de que Estados Unidos haya “comprado” los 65,000 millones de barriles como si fueran un activo transferido de una vez. La estructura conocida hasta ahora se parece mucho más a una asociación de explotación a muy largo plazo, una concesión de 100 años, que a una transferencia de propiedad de las reservas mismas.

Lo que Venezuela aporta, y lo que aporta el capital extranjero

La lógica económica del acuerdo puede entenderse como un intercambio entre dos activos muy distintos. Venezuela aporta el recurso: los campos, los derechos de explotación, y reservas inmensas, aunque con infraestructura petrolera muy deteriorada tras años de subinversión. Del otro lado, los inversionistas estadounidenses y privados aportan lo que Venezuela hoy no tiene: capital, tecnología, equipos, capacidad operativa, y financiamiento para reconstruir y expandir esos campos hasta niveles significativos de producción.

Según reportó The Washington Post, Estados Unidos podría tomar el control de hasta 17 campos petroleros venezolanos, muchos de los cuales carecen de cualquier infraestructura funcional y podrían costar miles de millones de dólares desarrollar desde cero. Es, en esencia, la misma dinámica que resume bien el planteamiento: Venezuela tiene el recurso, pero no dispone del capital necesario para desarrollarlo por sí sola; el capital extranjero pone el dinero y asume el riesgo, y a cambio obtiene una posición de control y acceso preferencial al petróleo producido.

Cuánto capital hace falta, y por qué no es un regalo

Distintas estimaciones sobre este tipo de proyectos de reconstrucción petrolera en Venezuela sitúan la inversión necesaria en el orden de los 100,000 millones de dólares para devolver la industria a niveles relevantes de producción. Es fundamental no describir esa cifra como una donación de Estados Unidos a Venezuela: es capital de inversión privada, y quienes lo aportan esperan recuperarlo con una rentabilidad sostenida durante décadas, no regalarlo.

Ese capital, además, casi con certeza no se desembolsará de una sola vez, sino de forma progresiva, a medida que cada campo avance en su propio proceso de rehabilitación. Y aquí conviene distinguir dos conceptos que suelen confundirse: “primer barril” y “producción significativa” no son lo mismo. Algunos de estos 17 campos ya cuentan con infraestructura parcial, por lo que podrían generar producción inicial en un plazo relativamente corto mediante reparación de pozos existentes. Llevar el conjunto de los campos a niveles de producción realmente relevantes para el mercado global, en cambio, es un proceso que razonablemente toma varios años.

El escepticismo de la propia industria petrolera

No todos en el sector energético comparten el entusiasmo del anuncio. Francisco Monaldi, director del Programa de Energía Latinoamericana de la Universidad Rice, advirtió al Washington Post que “las petroleras al final serán bastante cautelosas” antes de comprometer capital real en estos proyectos. Es una nota de cautela que vale la pena tener presente frente a un anuncio que, hasta ahora, se ha comunicado casi exclusivamente a través de publicaciones en redes sociales del propio presidente, sin que se conozcan todavía los términos legales completos del acuerdo, el nombre del operador privado involucrado, ni un cronograma detallado de inversión.

El contexto que explica el momento del anuncio

Este acuerdo no ocurre en el vacío. Estados Unidos atraviesa actualmente un desplome de sus reservas estratégicas de petróleo a su nivel más bajo en cuatro décadas, consecuencia directa de la guerra con Irán que documentamos extensamente esta semana y que ha interrumpido durante seis meses una quinta parte del suministro mundial de crudo. Trump vinculó explícitamente el anuncio con el alivio de los precios de la gasolina, en un momento donde el precio promedio nacional supera el equivalente a más de un dólar por litro, y a menos de tres meses de las elecciones legislativas de noviembre que ya documentamos como el trasfondo de buena parte de la actividad política reciente de la Casa Blanca.

Las preguntas que todavía no tienen respuesta pública

Con la información disponible hasta ahora, varias preguntas centrales siguen sin una respuesta clara: ¿cuánto tiempo tomará realmente que estos proyectos alcancen producción significativa —una pregunta que respondemos con más detalle en nuestro análisis financiero de la serie—? ¿Por qué la propia industria petrolera mantiene tanta cautela, más allá del entusiasmo del anuncio político —algo que exploramos en esta otra entrega sobre los obstáculos técnicos y de confianza—? ¿Cómo se llegó exactamente hasta este punto —recorrido que reconstruimos completo en nuestra cronología de nueve meses de negociación—? Y, quizás la más urgente de todas: ¿tiene el gobierno interino de Delcy Rodríguez la facultad legal, bajo la propia Constitución venezolana, para ceder concesiones de 100 años sobre reservas estratégicas del país sin que medie ningún proceso legislativo? Es precisamente esa última pregunta la que exploraremos con más profundidad en la próxima entrega de esta serie, con la participación de especialistas legales venezolanos.

Este acuerdo, en definitiva, debe entenderse como lo que estructuralmente es: una apuesta de inversión petrolera de larguísimo plazo, con riesgos reales para quien pone el capital, y con preguntas todavía abiertas sobre su legalidad, su cronograma real, y quién termina beneficiándose verdaderamente de la riqueza petrolera venezolana en las próximas décadas.