El anuncio del acuerdo petrolero entre Trump y Delcy Rodríguez llegó envuelto en superlativos: “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Pero la propia industria energética, la que tendría que poner el capital real para hacerlo funcionar, responde con una cautela mucho más sobria que la del anuncio político, tal como ya adelantamos al citar a Francisco Monaldi, de la Universidad Rice, en la primera entrega de esta serie.

El problema técnico: crudo extrapesado, no crudo convencional

Buena parte del petróleo venezolano involucrado en este acuerdo se concentra en la Faja del Orinoco, y corresponde a crudo extrapesado, un tipo de hidrocarburo cuya extracción, tratamiento y transporte exige inversión intensiva, tecnología especializada, y diluyentes específicos que deben mezclarse con el crudo para que pueda fluir por las tuberías. No es petróleo que simplemente se saca del suelo y se vende: requiere una cadena de procesamiento considerablemente más costosa y compleja que el crudo liviano o mediano que se extrae en otras regiones del mundo.

Un problema que va más allá del petróleo: la electricidad

A esa complejidad técnica se suma un obstáculo estructural que documentamos extensamente esta semana desde otro ángulo: la deficiencia de la red eléctrica venezolana. La industria petrolera depende de un suministro eléctrico estable para operar refinerías, bombas, sistemas de tratamiento y toda la cadena logística asociada. Un sistema eléctrico nacional que, como reportamos hace unos días, llegó a dejar sin electricidad simultáneamente a 68% de la isla vecina de Cuba en un fenómeno similar de colapso energético, no es una base sólida sobre la cual construir una expansión petrolera de la magnitud que promete este acuerdo.

El fantasma que más pesa: la seguridad de la inversión

Pero el obstáculo más serio, según coinciden los propios expertos de la industria, no es técnico sino de confianza. John Kilduff, experto en energía de la firma Again Capital, fue directo al identificar el problema central para cualquier empresa que evalúe operar en Venezuela: “la seguridad y la protección de su inversión”. No es una preocupación abstracta. El chavismo tiene un historial documentado de expropiación de activos pertenecientes a inversionistas extranjeros, un antecedente que cualquier junta directiva revisará con lupa antes de comprometer miles de millones de dólares en un país donde ese riesgo ya se materializó en el pasado.

El detalle que complica todavía más el panorama: una concesión china previa

Entre los 17 campos que forman parte de las negociaciones, según reportó LA NACION, se incluyen áreas maduras en el Lago de Maracaibo, algunas de las cuales son operadas actualmente por una pequeña empresa china cuyo contrato se firmó durante el gobierno de Nicolás Maduro. Es un detalle que añade una capa adicional de complejidad legal y diplomática al acuerdo: cualquier transferencia de control sobre esos campos específicos tendría que resolver primero qué ocurre con esos derechos contractuales previamente otorgados a un operador extranjero distinto.

Lo que ya está en marcha, pese a las dudas

No todo son reservas por parte de la industria. Según America Economica, la empresa estadounidense Hunt Oil ya firmó acuerdos concretos para desarrollar los campos Caro y Carisito, y Venezuela también estableció una alianza con la firma de servicios petroleros SLB para estudiar nuevos yacimientos. Es decir, mientras persisten las dudas de fondo sobre seguridad jurídica e infraestructura, algunos movimientos concretos de inversión ya están sucediendo, aunque a una escala todavía muy alejada de los 100,000 millones de dólares que se necesitarían para transformar realmente la industria petrolera venezolana.

La prueba más contundente: el ritmo real de crecimiento

Quizás el dato más revelador de todos es el más simple: pese a que Trump prometió públicamente, desde enero, que las grandes petroleras estadounidenses entrarían a “reparar la infraestructura gravemente deteriorada” del país, la producción venezolana solo aumentó unos 200,000 barriles diarios durante el último año completo, con proyecciones de un incremento similar o menor para 2027, según expertos citados por LA NACION. Es un ritmo de crecimiento modesto, muy por debajo de lo que un acuerdo descrito como “histórico” haría suponer, y que confirma en la práctica la cautela que la propia industria ha mantenido en privado, incluso mientras el anuncio político se celebraba en público.