Cuando se anuncia una inversión de 100,000 millones de dólares como la que promete el acuerdo petrolero entre Trump y Delcy Rodríguez, la pregunta que casi nunca se responde con precisión en el anuncio político es la más obvia para cualquier inversionista real: ¿en cuánto tiempo se recupera ese capital, y con qué ganancia?
La cifra nueva que aportó el propio gobierno venezolano
La presidenta encargada Delcy Rodríguez precisó, al detallar el acuerdo, que este contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con una inversión superior a los 100,000 millones de dólares, y proyectó 209,000 millones de dólares en ingresos fiscales para Venezuela como resultado del acuerdo. A primera vista, la comparación entre ambas cifras, 100,000 millones invertidos frente a 209,000 millones en ingresos fiscales, sugiere una rentabilidad considerable. Pero conviene ser precisos sobre qué mide cada número: los 209,000 millones son ingresos fiscales para el Estado venezolano a lo largo de todo el período de la concesión, probablemente varias décadas, no la ganancia que obtendrían los inversionistas privados que ponen el capital, ni tampoco un plazo de recuperación concreto.
El ejercicio simplificado, y por qué solo es ilustrativo
Como referencia puramente ilustrativa, una inversión de 100,000 millones de dólares necesitaría generar aproximadamente 5,000 millones de dólares anuales para recuperarse en 20 años, 10,000 millones anuales para recuperarse en 10 años, o 20,000 millones anuales para recuperarse en apenas 5 años. Ninguna de estas cifras representa una proyección real: sin datos públicos sobre el precio de venta acordado, los costos de extracción del crudo extrapesado que documentamos en la entrega anterior de esta serie, la carga impositiva exacta, y la distribución real de los flujos de caja entre el Estado venezolano, la empresa conjunta y el operador privado sin identificar, cualquier cálculo de retorno sigue siendo, en el mejor de los casos, un ejercicio especulativo.
El dato que sí tenemos, y que reduce las expectativas
Lo que sí es un dato verificable, y no una proyección, es el ritmo real de crecimiento de la producción petrolera venezolana durante el último año: apenas 200,000 barriles diarios adicionales, con expertos anticipando un incremento similar o menor para 2027. A un precio de referencia hipotético de 70 dólares por barril, ese incremento representaría, de forma extremadamente simplificada, unos 14,000 millones de dólares adicionales al año en valor bruto del petróleo producido, antes de descontar cualquier costo de extracción, procesamiento, transporte o impuestos. Es una cifra que, comparada con los 100,000 millones que se necesitan invertir, sugiere que “producción significativa”, el punto donde el acuerdo realmente empezaría a generar el tipo de retorno que las cifras oficiales prometen, sigue estando, con toda probabilidad, a varios años de distancia, no a meses.
Por qué “primer barril” no significa “primera ganancia”
Como explicamos en la primera entrega de esta serie, algunos de los 17 campos ya cuentan con infraestructura parcial y podrían generar producción inicial en un plazo relativamente corto. Pero el primer barril extraído de un pozo reparado no equivale a que la inversión completa de 100,000 millones de dólares esté generando el retorno proyectado. Ese punto de equilibrio depende de que la mayoría de los 17 campos, incluidos los yacimientos vírgenes de la Faja del Orinoco, técnicamente mucho más exigentes, alcancen niveles de producción sostenidos, un proceso que la propia evidencia de los últimos doce meses sugiere que avanzará de forma gradual, no de golpe.
La verificación que expone la opacidad real de las cifras
Más allá del horizonte de tiempo, hay una pregunta todavía más incómoda que surgió al analizar los propios números que el gobierno venezolano puso sobre la mesa. El economista Román Sastre hizo el cálculo que nadie había hecho públicamente hasta ahora: si se dividen los 209,000 millones de dólares en ingresos fiscales proyectados entre los 65,000 millones de barriles de reservas involucradas, el resultado es de apenas 3.22 dólares de impuesto por barril. “El promedio en EE.UU. es de aproximadamente 20 dólares de impuesto por barril, sin contar los impuestos locales”, señaló Sastre, contrastando esa cifra con la carga fiscal real que enfrenta la industria petrolera en el propio país que lidera el acuerdo.
Sastre fue todavía más directo al calificar esa proporción: “el asunto es que los impuestos son un chiste”, planteando una pregunta que resume el problema de fondo: “¿paga menos una industria multimillonaria que una empresa de zapatos?”. Con la misma honestidad intelectual que caracterizó su aporte al debate sobre dolarización que documentamos en la entrega anterior de esta serie, Sastre matizó su propio análisis: “puede que me equivoque, pero yo veo a este acuerdo con un fuerte componente de propaganda electoral”, y agregó una lectura sobre su viabilidad futura que merece quedar registrada: “veo que ese acuerdo es débil, insostenible y reversible. No veo que sea la manera de Trump”. Su razonamiento detrás de esa fragilidad es simple: “sería tonto pensar que nadie va a querer revertir eso que se formó con una dictadura”.
Es exactamente el tipo de escrutinio que esta serie busca sostener: no basta con repetir las cifras oficiales del anuncio, hay que someterlas a la aritmética más elemental para ver si resisten.