Toda la cobertura que hemos hecho de esta serie sobre el acuerdo petrolero entre Trump y Delcy Rodríguez ha mirado el pacto desde la orilla venezolana e hispana: qué cede el país, cuánto tardará en recuperarse la inversión, si las cifras oficiales resisten el escrutinio. Pero hay otra lectura, la que están haciendo los analistas, medios y ejecutivos petroleros estadounidenses, es decir, quienes en teoría son los principales beneficiarios del pacto, y esa lectura resulta bastante menos triunfalista que el propio anuncio de Trump.

Venezuela ya es el segundo proveedor de petróleo de EE.UU., detrás solo de Canadá

CNN Business ofrece el dato que mejor explica por qué Washington está tan interesado en este acuerdo, más allá de la retórica: Estados Unidos ha más que cuadruplicado sus importaciones de crudo venezolano este año, alcanzando cerca de 600,000 barriles diarios, el nivel más alto desde que la primera administración Trump impuso sanciones en 2019. Según datos de la Administración de Información Energética (EIA), Venezuela es hoy la segunda fuente de petróleo importado hacia Estados Unidos, superada únicamente por Canadá. El acuerdo, en la lectura de CNN, podría reforzar significativamente esa relación ya creciente, en un contexto donde la reserva estratégica de petróleo estadounidense se encuentra en su nivel más bajo en cuatro décadas.

La advertencia que nadie está repitiendo: no bajará el precio de la gasolina este fin de semana

Amy Myers Jaffe, directora del Laboratorio de Energía, Justicia Climática y Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York, ofreció la evaluación más directa sobre las expectativas inmediatas del acuerdo: “podría ser útil a largo plazo, pero no va a hacer nada para cambiar el precio de la gasolina en el surtidor para el fin de semana del Día del Trabajo”, declaró a medios estadounidenses. Es una precisión importante, porque el propio Trump vinculó el anuncio explícitamente con el alivio de los precios de los combustibles: el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se ubicaba el sábado en 4.08 dólares por galón, frente a 3.20 dólares en la misma fecha del año pasado, según la AAA. Ninguna de las partes ha aclarado todavía quién pagará realmente las inversiones en infraestructura necesarias para que ese suministro adicional se materialice.

David Goldwyn, presidente de la firma Goldwyn Global Strategies, cuestionó directamente la arquitectura legal del acuerdo en declaraciones recogidas por Outlook India: “no hay precedente de que el gobierno de Estados Unidos entre en un arrendamiento para operar campos petroleros”, señaló, agregando que sigue sin estar claro si un arrendamiento otorgado por el gobierno estadounidense tendría base legal bajo la Constitución venezolana y su nueva ley de hidrocarburos. Goldwyn también cuestionó si el propio arreglo, tal como se conoce hasta ahora, realmente resuelve los obstáculos que durante años han desalentado la inversión extranjera en la industria petrolera venezolana. Es la misma pregunta legal de fondo que anticipamos días atrás en el pilar de esta serie, ahora confirmada como preocupación explícita entre los propios analistas estadounidenses especializados en energía.

El antecedente que Washington preferiría que se olvidara: cuando Exxon dijo que no

Hay un episodio que la cobertura reciente apenas menciona, pero que resulta clave para entender el escepticismo actual de la industria: en enero, apenas días después de la captura de Nicolás Maduro, Trump reunió en la Casa Blanca a ejecutivos de las mayores petroleras del mundo, Exxon Mobil, ConocoPhillips, Chevron, entre otras, para pedirles una inversión conjunta de 100,000 millones de dólares en Venezuela. La respuesta del propio director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, fue una advertencia pública poco habitual viniendo de la petrolera más grande de Estados Unidos: “si observamos las estructuras legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, hoy es un país no invertible”. Trump reaccionó con evidente molestia: “no me gustó la respuesta de Exxon. Están jugando de forma demasiado calculada”, declaró a bordo del Air Force One, y llegó a afirmar que estaba “inclinado” a dejar a ExxonMobil fuera de cualquier futuro acuerdo en Venezuela. Ocho meses después, ese mismo escepticismo estructural, seguridad jurídica, historial de expropiaciones, infraestructura deteriorada, sigue siendo, según Francisco Monaldi y John Kilduff, exactamente lo que documentamos en la entrega anterior de esta serie, el obstáculo central para que las grandes petroleras se comprometan de verdad.

Una diferencia de énfasis, no de hechos

Vale la pena ser precisos sobre qué separa realmente ambas coberturas: los datos duros, 65,000 millones de barriles, la concesión de 100 años, el 55% de control estadounidense, son los mismos en ambos idiomas. Lo que cambia es el énfasis. La cobertura hispana, incluida la nuestra, ha puesto el foco en qué pierde o gana Venezuela y en la legitimidad del gobierno interino para ceder ese activo. La cobertura estadounidense especializada, en cambio, se concentra en si el propio capital privado de EE.UU., el que en teoría debe poner los 100,000 millones de dólares, confía lo suficiente en la solidez legal del arreglo como para arriesgar su dinero. Y en ese frente específico, la respuesta que ofrecen los propios analistas estadounidenses, con Goldwyn cuestionando la base legal y el propio historial de Exxon como advertencia reciente, resulta notablemente más cauta que el “mayor acuerdo petrolero de la historia” que anunció Trump.