El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo permanente este lunes el programa de fianzas de visa (“visa bond”) para solicitantes de visas de turismo y negocios (B-1/B-2), elevando el monto máximo exigido de 15.000 a 20.000 dólares. La norma final, publicada en el Registro Federal, culmina un programa piloto de un año que comenzó en agosto de 2025 y que, según el propio Departamento, “demostró ser una herramienta eficaz” para reducir las violaciones de estatus migratorio entre ciertos viajeros.
El mecanismo aplica actualmente a nacionales de 50 países designados —la mayoría de ellos africanos—, seleccionados por el gobierno estadounidense en función de tasas de permanencia irregular más altas, intercambio de información deficiente con Washington, y debilidades en la verificación de identidad y antecedentes penales. Bajo el programa piloto, la emisión de visas para los países afectados cayó 83% entre agosto de 2025 y julio de 2026, y cerca de la mitad de los 20.000 solicitantes elegibles optaron por no pagar la fianza, según cifras oficiales citadas por Vanguard News. El total recaudado en fianzas durante ese periodo piloto alcanzó unos 115 millones de dólares.
La lista de países cubiertos por el programa se revisa de forma continua con datos de permanencia irregular de los últimos 12 meses, lo que significa que puede ampliarse o reducirse según el gobierno estadounidense ajuste sus evaluaciones. La norma final sí contempla una excepción limitada para atletas, entrenadores y personal de apoyo que viajen para participar en el Mundial de fútbol 2026, aunque estos deberán cumplir con el resto de los requisitos de elegibilidad de visa.
Por qué esto importa: aunque la lista actual de 50 países no incluye a las principales naciones de origen de la comunidad hispana en Estados Unidos, el hecho de que este mecanismo pase de piloto a permanente —y que la propia norma contemple que la lista de países puede cambiar de forma continua— establece un precedente institucional: Washington ahora cuenta con una herramienta permanente y ya probada para condicionar el acceso a visas de turismo y negocios al pago de una fianza económica, un modelo que analistas de política migratoria vigilan de cerca como posible plantilla para futuras ampliaciones hacia otras regiones.