Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de los aeropuertos de todo Estados Unidos se multiplicaron notablemente en los últimos meses, como parte de una estrategia nacional que ya opera en al menos 12 estados: California, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Illinois, Colorado, Nevada, Virginia, Michigan y Kansas, según los reportes periodísticos disponibles hasta el momento de esta publicación. Según cifras difundidas y recogidas por LA NACION, actualmente se producen entre 20 y 40 arrestos diarios en terminales aéreas, frente a un promedio de apenas diez detenciones por día durante 2025 —una multiplicación de hasta cuatro veces en cuestión de meses.

El mecanismo detrás de este aumento es un memorando de intercambio de datos entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el propio ICE. Bajo este acuerdo, la TSA comparte con la agencia migratoria información suministrada directamente por las aerolíneas sobre pasajeros que no poseen ciudadanía estadounidense, incluyendo itinerarios de vuelo completos y la ubicación de los viajeros dentro de las terminales en tiempo real. En sentido inverso, ICE entrega a la TSA registros de personas con trámites migratorios vigentes; cuando ambas bases de datos coinciden, las autoridades pueden planificar con anticipación el momento exacto de la intervención, antes de que el pasajero complete su recorrido por el aeropuerto.

Según documentos obtenidos y verificados por The New York Times, buena parte de estos operativos son ejecutados por agentes de ICE vestidos de civil, que intervienen en distintos puntos concretos del proceso de viaje del pasajero: en los mostradores donde los pasajeros hacen el registro para poder abordar, en las puertas de embarque minutos antes del vuelo, o en las áreas de llegada una vez finalizado el trayecto. Esta modalidad encubierta representa un cambio bastante notable respecto a operativos migratorios más visibles, tradicionales y anunciados públicamente con antelación, y ha generado preocupación entre abogados de inmigración precisamente porque el pasajero, en muchos casos, no tiene forma de anticipar el encuentro hasta que ya está ocurriendo.

Lo más significativo de este cambio, sin embargo, no es solo el aumento en el volumen de arrestos, sino la ampliación del criterio de quién puede ser detenido. “Ahora, la red que están tendiendo para atrapar a las personas que quieren detener es mucho más amplia. No se trata de personas con antecedentes penales. Estamos hablando de personas con solicitudes legítimas pendientes”, declaró Ghassan Shamieh, abogado de inmigración en San Francisco, al New York Times. Según el reporte, el universo de pasajeros expuestos a estos controles incluye: extranjeros que permanecieron en el país más allá del plazo autorizado por su visa, personas con solicitudes migratorias en trámite, solicitantes de asilo, solicitantes de residencia permanente, cónyuges de ciudadanos estadounidenses con visas vencidas, migrantes con autorización laboral vigente, participantes de programas de intercambio, e incluso profesionales vinculados a la industria tecnológica que viajan con visas de trabajo.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó al New York Times la lógica detrás de esta estrategia sin matices: “Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”. Esa declaración deja claro que el objetivo no se limita a interceptar a personas con antecedentes penales o con órdenes de deportación ya emitidas, sino a usar la infraestructura aeroportuaria como un punto de control migratorio adicional, complementario a los operativos en calles, lugares de trabajo y comunidades que ya cubrimos previamente en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Ante este escenario, organizaciones de defensa de inmigrantes ya empezaron a emitir recomendaciones concretas. La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) aconsejó a la comunidad migrante “evaluar cuidadosamente los riesgos de viajar dentro del país y, si es posible, posponer los viajes aéreos no esenciales hasta recibir asesoría legal”. Es una recomendación con implicaciones prácticas considerables: para alguien con un trámite migratorio en curso —incluso uno completamente legítimo y en proceso normal de resolución—, un vuelo doméstico de rutina, ya sea por trabajo, una emergencia familiar o simple turismo, se convirtió en un momento de riesgo real de detención, algo que hace apenas un año no formaba parte del cálculo cotidiano de la mayoría de estas personas.

El hecho de que el criterio de selección ya no dependa exclusivamente de antecedentes penales o de una orden de deportación firme también complica la capacidad de cualquier persona con trámites migratorios abiertos de anticipar si está o no en riesgo antes de viajar. A diferencia de una redada callejera, donde suele haber cierto grado de alerta comunitaria previa —como documentamos recientemente en el caso de las redes de vigilancia vecinal contra ICE en distintas ciudades—, un operativo dentro de un aeropuerto, ejecutado por agentes de civil que ya cuentan con la ubicación exacta del pasajero gracias al cruce de datos con la TSA, deja mucho menos margen de reacción o de aviso previo para la persona afectada.

Este tipo de vigilancia en aeropuertos tampoco es completamente nueva como concepto, pero sí lo es su escala y su automatización actual. Antes del acuerdo TSA-ICE, los operativos migratorios en terminales aéreas solían depender de alertas puntuales o de investigaciones específicas dirigidas contra un individuo ya identificado por otras vías. El nuevo mecanismo, en cambio, funciona de forma sistemática y continua: cualquier pasajero sin ciudadanía estadounidense que compre un boleto queda, en los hechos, dentro del universo de datos que la TSA comparte de forma rutinaria con la agencia migratoria, independientemente de si existe o no una sospecha previa sobre esa persona en particular. Es ese carácter sistemático, más que cualquier caso individual, lo que ha generado la alarma entre abogados de inmigración que llevan años trabajando con esta población.

El aumento de recursos destinados específicamente a esta estrategia también es parte del panorama. La expansión hacia doce estados en un periodo relativamente corto sugiere una inversión considerable en personal, tecnología de cruce de datos y coordinación interinstitucional entre agencias que, hasta hace poco, operaban con sistemas de información mucho más aislados entre sí. Esa misma lógica de integración de bases de datos entre agencias federales es la que analistas de política migratoria vienen señalando como una de las transformaciones estructurales más significativas del aparato de control migratorio en 2026, más allá del número puntual de arrestos que genere en un mes determinado.

Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: si tienes un trámite migratorio en curso —sin importar cuán sólido o legítimo sea, o en qué etapa del proceso se encuentre—, este cambio de estrategia convierte cualquier vuelo doméstico en un punto de exposición que antes no existía con esta intensidad. La combinación de vigilancia encubierta, intercambio de datos en tiempo real entre la TSA y ICE, y un criterio de selección que ya no se limita a antecedentes penales, significa que la recomendación de organizaciones como CHIRLA —posponer viajes aéreos no esenciales sin asesoría legal previa— dejó de ser una precaución extrema para convertirse, según el propio testimonio de abogados de inmigración citados en estos reportes, en una medida de sentido común para cualquiera que hoy tenga un caso migratorio abierto en Estados Unidos.