La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó reclamaciones formales contra agentes de ICE en 17 estados, incluyendo Nueva York y Nueva Jersey, por presuntos arrestos ilegales, detenciones indebidas y discriminación racial, según reportó Univision. La presentación llega en el mismo momento en que organizaciones comunitarias reportan un aumento visible de agentes de ICE en Manhattan, Queens y Brooklyn, después de que Tom Homan, el llamado “zar de la frontera” de la administración Trump, cumpliera la amenaza que había anticipado semanas atrás de intensificar los operativos migratorios en la región.

El aumento de arrestos no se limita a Nueva York. Según el mismo reporte de Univision, las redadas y detenciones de inmigrantes también se incrementaron en Nueva Jersey y Connecticut, generando lo que activistas locales describen como una ola de miedo que impide a algunas personas incluso salir a trabajar. Videos que circulan en redes sociales muestran a agentes utilizando gas pimienta contra residentes y ciudadanos que intentaron intervenir durante arrestos en la vía pública, mientras comunidades enteras han organizado redes informales para documentar y alertar sobre la presencia de agentes federales en tiempo real.

Este despliegue no es improvisado. Homan había anticipado meses atrás que Nueva York, California, Nueva Jersey y Virginia serían los próximos objetivos de un “aumento histórico” de personal de ICE, en respuesta directa a la aprobación de leyes de “ciudad santuario” y protecciones estatales que limitan la cooperación de las autoridades locales con la agencia federal. “Habrá más agentes del ICE que nunca en la ciudad de Nueva York. Y esto es inminente”, declaró Homan en su momento, según recogió LA NACION. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respondió que su estado no permitirá “que personas que solo buscan ganarse la vida sean arrastradas en redadas indiscriminadas”, aunque reconoció que la presencia de ICE en el estado no es en sí misma una novedad.

El contexto nacional respalda la magnitud de este despliegue: junio de 2026 cerró con 39,563 detenciones de ICE, la cifra mensual más alta desde que la administración Trump regresó al poder, y julio alcanzó la segunda cifra más alta del mismo periodo, según reportes citados por Univision. El propio gobierno federal ha insistido en que los operativos se concentran en personas con antecedentes penales, pero organizaciones de derechos civiles —incluida la propia ACLU en sus reclamaciones— sostienen que casi la mitad de los arrestados no tiene historial criminal alguno, lo que ha generado cuestionamientos sobre el criterio real de selección utilizado en el terreno. Homan mismo ha reconocido que “es inevitable que haya detenciones colaterales cuando se realizan operativos de esta magnitud”, una frase que activistas interpretan como una admisión implícita de que el criterio de “criminales peligrosos” no siempre se aplica en la práctica.

El momento del despliegue coincide además con el Mundial 2026, que ya está en marcha en varias ciudades estadounidenses, incluyendo sedes en Nueva York y Nueva Jersey. Aunque Homan aclaró en entrevistas previas que el plan estratégico no contempla operativos dentro de los estadios, organizaciones migrantes reforzaron sus redes de asistencia legal ante la preocupación de que la mayor presencia de agentes federales en la región coincida con la llegada de cientos de miles de visitantes y aficionados, elevando el riesgo de encuentros para la comunidad migrante local independientemente de lo que ocurra dentro de las sedes deportivas.

Las demandas de la ACLU en 17 estados representan uno de los esfuerzos legales más amplios hasta ahora contra las tácticas de ICE bajo esta administración, y se suman a una serie de casos judiciales previos relacionados con detenciones, uso de fuerza y muertes bajo custodia que han generado escrutinio nacional en los últimos meses. El resultado de estos litigios podría, en el mejor de los casos para los demandantes, establecer límites judiciales concretos sobre qué tipo de operativos son legales y cuáles constituyen una violación de derechos civiles —aunque históricamente este tipo de procesos legales toma meses o años en resolverse, tiempo durante el cual los operativos en el terreno continúan sin pausa.

Las demandas de la ACLU no surgen en un vacío de confianza hacia la agencia. En los últimos meses, varios incidentes de alto perfil han generado escrutinio nacional sobre la conducta de agentes de ICE durante operativos: en Houston, la muerte de Lorenzo Salgado Araujo —un mexicano de 35 años que, según una investigación del New York Times, murió por una confusión de identidad— desató marchas semanales y cuatro investigaciones abiertas en paralelo, mientras su hermano, testigo clave del caso, permanece detenido y enfrenta un proceso de deportación. En Maine, un agente de ICE disparó contra un hombre colombiano en un episodio que generó especial controversia después de que su exesposa asegurara públicamente que él había admitido el disparo, y de que testigos contradijeran la versión oficial inicial de las autoridades. En conjunto, ya son cuatro las personas que han muerto en 2026 en tiroteos vinculados a agentes federales relacionados con la ofensiva migratoria de la administración, un patrón que organizaciones de derechos civiles argumentan que no puede seguir tratándose como una serie de hechos aislados. Es precisamente este historial —sumado al reconocimiento del propio Homan de que las “detenciones colaterales” son inevitables en operativos de esta escala— lo que le da a las demandas de la ACLU en 17 estados un peso que va más allá de un litigio administrativo rutinario: se trata de un intento de establecer, por la vía judicial, límites concretos sobre tácticas que hasta ahora han operado con relativamente poca supervisión externa, en un momento en que el volumen de operativos —y por lo tanto, el riesgo de que ocurran nuevos incidentes similares— sigue en aumento en lugar de disminuir.

Las políticas de “ciudad santuario” que motivaron, según Homan, este despliegue reforzado, limitan específicamente la cooperación de policías locales y estatales con ICE —por ejemplo, negándose a notificar a la agencia federal cuando liberan a alguien detenido por un delito menor, o restringiendo el acceso de agentes federales a espacios como escuelas, hospitales y centros de votación, tal como estableció la legislación reciente aprobada por la gobernadora Hochul en Nueva York. Desde la perspectiva de la administración federal, estas restricciones obligan a ICE a depender más de operativos propios en espacios públicos, en lugar de arrestos más controlados dentro de instalaciones correccionales locales, lo que en la práctica se traduce en más presencia visible de agentes en las calles, y precisamente el tipo de escenario que ha generado los incidentes documentados por la ACLU en sus demandas recientes.

Por qué esto importa para la comunidad hispana en el noreste de EE.UU.: si vives en Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut, este no es un debate abstracto sobre política migratoria nacional —es un cambio inmediato en el riesgo cotidiano de salir a trabajar, llevar a los hijos a la escuela, o simplemente estar en la calle, independientemente de tu estatus migratorio o el de las personas a tu alrededor. La combinación de un aumento histórico de agentes, un margen amplio de “detenciones colaterales” reconocido por el propio zar de la frontera, y demandas legales que tomarán tiempo en resolverse, deja a las comunidades migrantes de la región en una posición de incertidumbre que no depende solo de cumplir con la ley, sino de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado durante uno de los despliegues de ICE más intensos que ha visto Nueva York en años.