El presidente Donald Trump ofreció una de sus señales más claras hasta ahora sobre la imposibilidad legal de buscar un tercer mandato presidencial en 2028, al reconocer públicamente que la Vigésima Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos se lo impide. “Me encantaría competir, pero la ley es muy estricta”, declaró Trump el pasado martes 11 de agosto, según recogieron múltiples medios estadounidenses, incluido Fox News.

La postura de Trump sobre este tema ha variado de forma notable a lo largo de su segundo mandato. El 30 de marzo de 2025, aseguró que no estaba bromeando cuando se le preguntó por la posibilidad de un tercer periodo, y llegó a hablar de posibles “métodos” para lograrlo, sin detallar entonces ninguna estrategia jurídica concreta. Entre los escenarios que circularon en ese momento apareció la posibilidad de que el vicepresidente JD Vance compitiera por la presidencia, con Trump ocupando la vicepresidencia para luego llegar al cargo mediante sucesión —una ruta que la mayoría de los expertos constitucionales, incluida la profesora de Princeton Deborah Pearlstein, consideran bloqueada por la propia Duodécima Enmienda, que establece que “ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de presidente será elegible para el de vicepresidente”.

El tono de Trump se volvió más ambiguo en julio. Durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el 24 de julio, bromeó diciendo: “al igual que con mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor. Y la tercera vez será aún mejor”, para luego aclarar que estaba bromeando. Sin embargo, apareció en el mismo evento con una gorra con la inscripción “Trump 2028”, documentada por Associated Press, alimentando la ambigüedad sobre qué tan en serio debía tomarse cada una de sus declaraciones sobre el tema.

Las declaraciones más recientes, del 11 y 12 de agosto, marcan un regreso a un reconocimiento más directo del límite constitucional. Según información recogida por LA NACION, Trump habló con periodistas desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, tras descender del Air Force One, y esta vez fue enfático: reconoció abiertamente que le gustaría volver a competir, pero admitió sin rodeos que existe un obstáculo constitucional real que se lo impide.

Este vaivén discursivo ocurre en medio de un contexto político donde otras figuras, como el gobernador de California, Gavin Newsom, han utilizado las declaraciones ambiguas de Trump sobre un tercer mandato como argumento político, acusando al presidente y a legisladores republicanos de maniobrar los distritos electorales para asegurar mayorías legislativas antes de las elecciones intermedias de 2026 —el mismo proceso electoral que documentamos hoy en otra nota, en torno a la posibilidad de que Trump declare una emergencia nacional para ejercer mayor control sobre esos comicios.

Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: el hecho de que el propio presidente reconozca públicamente el límite constitucional sobre un tercer mandato, después de meses de comentarios ambiguos que generaron especulación real sobre sus intenciones, ofrece cierta claridad sobre un tema que ha alimentado incertidumbre política en el país. Pero esa claridad puntual no elimina la preocupación de fondo que analistas y organizaciones de derechos civiles han planteado repetidamente: que la administración busque, por otras vías —como la propia “SAVE America Act” o una eventual declaración de emergencia electoral—, formas de consolidar poder político más allá de los límites tradicionales del sistema democrático estadounidense, un tema que sigue siendo central para cualquier comunidad, incluida la hispana, que depende de la estabilidad de esas reglas democráticas para ejercer plenamente sus derechos civiles.