Vivo en Chile desde 2016, y conozco a mucha gente que salió adelante aquí con un carrito de comida: arepas, perros calientes, tequeños, patacones. Por eso los videos que me llegaron estos días me dolieron. En uno se ve a funcionarios cargando entre varios un carro con un letrero que dice “La Maracucha del Sabor”. En otros, a personas reducidas en el suelo por agentes, a funcionarios llevándose triciclos eléctricos de los que usan los vendedores y a Carabineros en moto rodeando la calle de noche. Quiero contarles qué pasó con datos, porque este tema merece rigor y no rumores.

Lo que está confirmado es esto. El jueves 29 de octubre en la noche, Carabineros, la PDI y la Seguridad Municipal de Estación Central hicieron un operativo en el sector conocido como la Pequeña Caracas, unas ocho cuadras al norte de la Alameda, entre General Velásquez y Las Rejas, según Meganoticias. Hubo cerca de 100 fiscalizaciones a personas y vehículos. Se decomisaron más de 26 carros de comida por no tener certificación sanitaria de la Seremi de Salud, y la directora de Seguridad Municipal dijo que el personal de Aseo y Ornato los va a destruir. Detuvieron a dos personas por drogas, con cerca de un kilo de marihuana, a otras con órdenes pendientes y a un hombre que mordió en el brazo a un funcionario municipal. Además, se identificó a 50 personas con “infracciones” relacionadas con su situación migratoria, y se cursaron multas por comercio ambulante.

Lo que el reporte oficial no cuenta, lo muestran las imágenes. Mis fuentes me hicieron llegar capturas de los videos grabados durante el operativo, y las publico porque son un hecho ocurrido, no una opinión: personas sometidas en el suelo, carros cargados por funcionarios y triciclos de trabajo retenidos. La nota oficial tampoco informa cuántos triciclos o motos se llevaron.

Funcionarios reducen a una persona en el suelo junto a un auto durante el operativo nocturno en la Pequeña Caracas Una persona sometida en el suelo por funcionarios durante el operativo. Captura de video enviada a kevinrondon.com por fuentes del sector.

Funcionarios con casco y guantes someten a una persona en el suelo en una calle con carros de comida estacionados Otra persona en el suelo, con carros de comida y triciclos de trabajo al fondo. Captura de video enviada por fuentes del sector.

Funcionarios cargan entre varios un carro de comida con el letrero La Maracucha del Sabor Funcionarios se llevan el carro de “La Maracucha del Sabor”. Ocultamos el número de teléfono del negocio para proteger a su dueño.

Funcionarios con chaquetas de seguridad retienen un triciclo eléctrico de trabajo en la calle de noche Funcionarios retienen un triciclo eléctrico de los que usan los vendedores para mover su mercancía.

Carabineros en motos verdes durante el operativo nocturno Carabineros en moto durante el despliegue. Capturas de video enviadas por fuentes del sector.

Que a una persona la tiren al suelo durante un control por comercio ambulante es suficientemente grave como para que Carabineros y la Municipalidad de Estación Central den explicaciones públicas sobre el uso de la fuerza.

Y voy a decir lo que pienso, porque aquí pasan dos cosas a la vez.

La primera es política. El presidente José Antonio Kast acaba de caer por primera vez bajo el 30% de aprobación: 29%, con 66% de desaprobación, según la encuesta Cadem del 23 de octubre recogida por Pauta. Y fíjense en un detalle de esa misma encuesta: inmigración es una de las áreas de su gestión mejor evaluadas, con 36% de aprobación, solo detrás de vivienda. Es decir, cuando todo lo demás le va mal, la mano dura contra los migrantes es lo que todavía le funciona con su gente. Por eso yo leo estos operativos así: un Gobierno que pierde popularidad busca en el migrante pobre un enemigo visible, y le da a su base las imágenes que quiere ver. Cada video de un venezolano en el suelo y un carro de arepas en un camión alimenta una narrativa negativa contra toda la comunidad venezolana. Esa es mi lectura, y la sostengo.

La segunda es de fondo. Esa comunidad está en el trabajo informal por una circunstancia que no eligió. Nadie deja su país, su casa y su familia para vender perros calientes en una esquina de Santiago porque sí. Lo hicimos porque Hugo Chávez primero, Nicolás Maduro después y ahora Delcy Rodríguez, heredera de todo ese desastre, destruyeron la economía de Venezuela y empujaron a casi 8 millones de personas a irse. Muchos llegaron con títulos universitarios que aquí no les validaron, sin papeles en regla porque el régimen ni siquiera les renovaba el pasaporte, y el carrito de comida fue la única puerta que encontraron abierta. La informalidad de esta gente es una secuela del chavismo, no un defecto de los venezolanos.

Lo que no se puede mezclar

El operativo llegó en una semana terrible. Martín Pérez Burgos, un joven de 19 años, fue secuestrado el lunes en la calle Placilla, en Estación Central, y su cuerpo apareció el viernes en Colina. Hay cinco venezolanos detenidos, y la Fiscalía dice que uno de ellos sería quien lo mató, según El Dínamo. Es un crimen atroz, y quien lo haya cometido tiene que pagar con todo el peso de la ley. Lo digo como venezolano: esos tipos no me representan, y nos hacen un daño enorme a todos los que vinimos a trabajar.

Pero justamente por eso hay que tener cuidado. La nota oficial del operativo no lo vincula con el secuestro. Y aunque lo hiciera, la responsabilidad penal es individual. El señor que vende arepas en una esquina de Toro Mazote no secuestró a nadie. La señora que fríe empanadas para mandarle plata a su mamá en Maracaibo no mató a nadie. Cuando se mete a todos en el mismo saco, lo que se fabrica no es seguridad: es xenofobia. Y la xenofobia, al final, también la pagan los chilenos, porque rompe barrios enteros.

Tampoco se puede negar que la Pequeña Caracas tiene problemas reales. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, dijo en julio que ahí “se concentra la mayoría de los delitos en nuestra comuna en ocho cuadras a la redonda”, según Cooperativa, y la propia PDI había identificado en Toro Mazote un punto de venta de drogas. Perseguir a los narcos está bien. El problema es usar el mismo operativo para tirar al suelo al que vende comida.

Lo que dice la ley

Les explico lo básico, sin tecnicismos. La Constitución chilena protege la integridad física y psíquica de todas las personas, no solo de los chilenos. La Ley de Migración y Extranjería, la 21.325, establece que el Estado debe respetar los derechos de los extranjeros cualquiera sea su situación migratoria. Y el uso de la fuerza policial tiene que ser proporcional: reducir a alguien que se resiste con violencia no es lo mismo que tirar al piso a quien solo vende comida sin permiso. Vender sin permiso sanitario es una infracción que se multa, y en la nota oficial lo migratorio aparece como “infracciones”, no como delitos.

Con los carros, además, hay una pregunta que nadie ha respondido: ¿cada dueño recibió un acta de lo que le quitaron y tuvo la oportunidad de reclamar ante un Juzgado de Policía Local antes de que su herramienta de trabajo fuera destruida? Para muchas de estas familias, ese carro es todo lo que tienen.

Si te pasa a ti

Si te toca un operativo así, mantén la calma y no te resistas físicamente, aunque sientas que es injusto. Pide el nombre y el número de placa del funcionario, y si alguien puede grabar a distancia sin interferir, que lo haga. Si te quitan el carro o la mercancía, pide el acta de decomiso, guárdala y pregunta en qué Juzgado de Policía Local se verá tu caso. Si te golpean o te lastiman, ve a un servicio de salud a constatar lesiones ese mismo día, y haz la denuncia en la Fiscalía o en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes y las clínicas jurídicas de las universidades orientan gratis. Y aprovecho de recordarte que en nuestra sección de Guías de Chile explicamos trámites que te pueden ayudar a regularizarte. Esta nota es informativa y no sustituye la asesoría legal individual.

Todo esto pasa en el mismo Chile donde el Gobierno informa que este año ya se fueron voluntariamente 8.900 venezolanos y que hay 46.000 órdenes de expulsión pendientes, como les conté en esta nota. El mensaje que llega a la comunidad es claro: no los queremos aquí.

Yo entiendo que un país quiera orden en sus calles. Lo que no voy a aceptar nunca es que el orden se construya tirando al suelo a gente que trabaja. ¿Cuántos de esos 26 carros eran el único sustento de una familia, y quién les va a responder ahora a esos niños?