Esta es una columna de opinión de Kevin Rondón, fundador de este medio. No pretende ser una nota informativa neutral — es mi postura personal sobre un tema que me parece demasiado importante como para esconderla detrás de la objetividad de siempre.

El presidente Donald Trump firmó este jueves dos nuevas órdenes ejecutivas dirigidas, una vez más, contra la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La primera, titulada “Continuing to Protect the Meaning and Value of American Citizenship”, busca excluir de la ciudadanía automática a hijos de “enemigos extranjeros”, miembros de organizaciones terroristas designadas, y personas que actúan como agentes de gobiernos extranjeros —además de restringir la ciudadanía para quienes nacen en territorios estadounidenses donde la ciudadanía no está conferida directamente por ley federal, como Samoa Americana. La segunda orden, “Ending Birth Tourism”, instruye a los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional a endurecer las visas y restricciones de entrada contra lo que la administración llama “turismo de nacimiento”.

Esto llega apenas cinco semanas después de que la Corte Suprema, en el caso Trump v. Barbara, le dijera con todas las letras a este mismo presidente que su intento anterior —la orden ejecutiva del primer día de su segundo mandato, que buscaba negar la ciudadanía automática a prácticamente todos los hijos de personas no ciudadanas nacidos en suelo estadounidense— violaba la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Como ya contamos en este medio cuando salió ese fallo, la Corte no cerró del todo la puerta: reconoció ciertas “excepciones históricas” reducidas, y es precisamente por esa rendija que la Casa Blanca está tratando de colarse ahora con estas dos órdenes nuevas, más estrechas en su alcance pero con la misma intención de fondo.

Voy a ser directo, porque para eso es esta columna: me parece mal. No como un matiz político incómodo, sino como una convicción de fondo. El derecho de suelo —que cualquier persona nacida en territorio estadounidense sea, por ese solo hecho, ciudadana— no es un tecnicismo legal del siglo XIX que ya no aplica. Es, en mi lectura, uno de los pocos principios verdaderamente igualitarios que tiene este país: no depende de quiénes fueron tus padres, de cuánto dinero tenían, de qué papeles llevaban encima el día que naciste. Depende solo de haber nacido, vivo, en este suelo. Ese es un estándar que no discrimina por origen, por clase ni por conveniencia política de turno, y es exactamente el tipo de principio que un país construido casi enteramente por generaciones sucesivas de inmigrantes debería defender con más fuerza, no menos.

Es cierto que la orden de “birth tourism” apunta, en teoría, a un problema más acotado: personas que viajan a Estados Unidos con el propósito específico de dar a luz para que su hijo obtenga la ciudadanía. Pero incluso el propio contexto legal que citan sus impulsores desmonta buena parte de la urgencia que le atribuyen: viajar con visa temporal con el propósito principal de obtener la ciudadanía de un hijo ya está prohibido y ya se considera fraude migratorio bajo la ley vigente. Amanda Frost, profesora de derecho migratorio en la Universidad de Virginia, lo resumió bien: “si el turismo de nacimiento es un problema, la respuesta es hacer cumplir esa regulación” que ya existe, no inventar una nueva. Y las cifras, además, no sostienen el tamaño del problema que se describe: el Instituto de Política Migratoria estima que apenas unos 26,000 nacimientos al año podrían encajar en esa categoría, de un total de 3.5 millones de nacimientos anuales en el país —muchísimo menos del 1%. Datos oficiales muestran menos de 10,000 nacimientos en 2024 de madres con dirección declarada en el extranjero. Es, en la práctica, un problema estadísticamente marginal que recibe una atención pública y legal completamente desproporcionada a su tamaño real.

Lo que sí tiene un tamaño real, y enorme, es el mensaje detrás de estas dos órdenes: que la ciudadanía por nacimiento —ese principio que, en la práctica, ha sido la puerta de entrada legal más limpia y menos burocrática a la identidad estadounidense durante siglo y medio— es ahora un privilegio condicional, sujeto a reinterpretación ejecutiva cada vez que un presidente decide que ciertas categorías de personas no lo merecen. Hoy son “enemigos extranjeros” y turistas de nacimiento. La pregunta que me hago, y que creo que vale la pena que todos nos hagamos, es cuál es la próxima categoría, y la siguiente después de esa, si esta estrategia de ir mordisqueando la Decimocuarta Enmienda por los bordes —en vez de enfrentarla de frente, donde ya perdió en la Corte Suprema— termina funcionando.

La propia Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ya lo dijo con precisión quirúrgica a través de Cody Wofsy, subdirector de su proyecto de derechos de inmigrantes: “La Corte Suprema ya decidió este tema: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución.” Es cierto que el propio presidente insiste en que esta nueva versión, más estrecha, sí encaja dentro de las excepciones que la propia Corte reconoció. Puede que tenga algo de razón técnica en algún punto específico —los hijos de diplomáticos extranjeros en misión oficial, por ejemplo, nunca han estado cubiertos por la ciudadanía automática, y eso no es controvertido. Pero usar esa excepción histórica angosta como plataforma de lanzamiento para una categoría tan amplia y políticamente cargada como “enemigos extranjeros” —una etiqueta que esta misma administración ha usado con enorme elasticidad en otros contextos— es, para mí, una forma de hacer por la puerta trasera lo que la Corte ya le prohibió hacer por la puerta principal.

Vale la pena recordar, además, de dónde viene exactamente esta enmienda que hoy se intenta reinterpretar por decreto. La Decimocuarta Enmienda no nació de un capricho legislativo cualquiera: se aprobó en 1868, después de la Guerra Civil, específicamente para garantizar que las personas anteriormente esclavizadas —y sus hijos, nacidos ya en libertad pero todavía sin reconocimiento pleno como ciudadanos en varios estados— tuvieran una ciudadanía que ningún estado ni ningún futuro gobierno pudiera arrebatarles por su origen. Esa es la genealogía real del derecho de suelo estadounidense: nació como una barrera constitucional explícita contra la idea de que el gobierno pudiera decidir, según su conveniencia política del momento, quién merece pertenecer plenamente a este país y quién no. Que ciento cincuenta y ocho años después se use el mismo tipo de argumento —“esta categoría de personas no merece la ciudadanía que le corresponde por haber nacido aquí”— para justificar nuevas exclusiones, aunque hoy se dirijan contra “enemigos extranjeros” en vez de contra personas recién liberadas de la esclavitud, no me parece una coincidencia histórica menor. Es, en el fondo, la misma lógica de excepcionalidad selectiva que esa enmienda se creó precisamente para prohibir.

Entiendo que hay lectores de este medio que van a discrepar conmigo, y está bien —esta columna es mi opinión, no una imposición. Pero quiero ser claro sobre por qué me importa tanto: este es un sitio hecho para la comunidad hispana en Estados Unidos, una comunidad que en una proporción enorme está aquí precisamente gracias a ese mismo principio de apertura que ahora se busca erosionar pieza por pieza. La migración no es un accidente en la historia de este país. Es, literalmente, su base fundacional. Debilitar el derecho de suelo, aunque sea con el argumento más acotado y aparentemente razonable, es debilitar exactamente lo que hizo de Estados Unidos un lugar distinto a casi cualquier otro país del mundo.